Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Cuando hasta el pan deja de estar al alcance de millones de familias, ya no se trata de una discusión económica ni de una batalla de estadísticas. Se trata de una crisis social profunda. El cierre de 3.000 panaderías y la pérdida de 17.000 puestos de trabajo son la prueba más contundente de que algo está fallando en el corazón mismo de la economía argentina.
El dato es alarmante: el consumo de pan cayó un 60% y el de facturas entre un 80% y un 85%. No estamos hablando de productos de lujo. Hablamos de alimentos básicos, históricos protagonistas de la mesa popular argentina. Si la gente deja de comprar pan, es porque el dinero ya no alcanza ni para lo indispensable.
El gobierno de Javier Milei sostiene que el mercado debe ordenar la economía y que el ajuste era necesario para corregir los desequilibrios heredados. Sin embargo, detrás de los números macroeconómicos aparecen miles de pequeños comerciantes quebrados, trabajadores despedidos y familias obligadas a resignar consumos esenciales.
La crisis de las panaderías no cayó del cielo. Es consecuencia de una combinación explosiva: salarios que pierden poder adquisitivo, jubilaciones deterioradas, caída del consumo interno, aumentos descomunales en las tarifas y ausencia de políticas destinadas a proteger a las pequeñas y medianas empresas. Mientras los servicios aumentaron cientos por ciento y los costos operativos se dispararon, las ventas se derrumbaron.
El resultado es visible en cada barrio del Conurbano: persianas bajas, locales vacíos y el crecimiento de las llamadas «cuevas de pan», emprendimientos informales que surgen porque producir dentro de la legalidad se volvió económicamente imposible. Cuando una economía empuja a los trabajadores hacia la informalidad, no hay éxito que celebrar.
Los defensores del modelo libertario argumentan que el sacrificio actual traerá beneficios futuros. Pero mientras ese supuesto futuro llega, miles de argentinos pierden su trabajo, los comercios desaparecen y el mercado interno se achica cada vez más. Una economía no se fortalece destruyendo a quienes producen y consumen; se fortalece generando empleo, inversión productiva y salarios capaces de sostener la demanda.
La pregunta es inevitable: ¿quién se hace responsable cuando cierran 3.000 panaderías y se destruyen 17.000 empleos? Un gobierno puede no ser el único responsable de todos los problemas estructurales de un país, pero sí es responsable de las políticas que aplica y de sus consecuencias. Y hoy las consecuencias están a la vista.
La Argentina atraviesa una situación grave. El cierre masivo de panaderías es mucho más que una crisis sectorial: es el síntoma de una sociedad que se empobrece, de trabajadores que ya no llegan a fin de mes y de una economía que parece beneficiar a los sectores financieros mientras castiga a quienes viven de producir y trabajar.
Cuando el pan empieza a faltar en la mesa de los argentinos, la alarma ya no es económica. Es social. Y ningún gobierno debería ignorarla.
