Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Miles de trabajadores argentinos comenzaron a recibir intimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que el organismo detectara supuestas inconsistencias en las deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias. Entre los principales puntos observados aparecen gastos de indumentaria y equipamiento laboral, un concepto que la propia normativa admite cuando se trata de elementos de uso exclusivo y obligatorio para el trabajo.
Los controles fiscales son una facultad legítima del Estado. Sin embargo, la polémica surge cuando miles de asalariados sienten que la lupa del organismo recae principalmente sobre quienes cobran un sueldo registrado, mientras que las grandes fortunas, los privilegios políticos y los patrimonios difíciles de justificar parecen quedar fuera del debate público.
La realidad económica argentina empuja a muchos trabajadores a buscar ingresos adicionales para llegar a fin de mes. Horas extras, changas, trabajos informales o actividades complementarias se convierten en una necesidad para afrontar alquileres, tarifas y alimentos. En ese contexto, el avance de los controles sobre movimientos bancarios y acreditaciones genera preocupación entre quienes sienten que el sistema persigue con mayor intensidad al ciudadano común que al poder político.
La pregunta que resuena en muchos hogares es sencilla: ¿existe el mismo nivel de control sobre todos? ¿Se investigan con igual rigor los patrimonios de funcionarios, legisladores y dirigentes que perciben salarios elevados y manejan recursos públicos? ¿O el esfuerzo fiscal se concentra principalmente en trabajadores y pequeños contribuyentes?
En los últimos meses también trascendieron requerimientos de información sobre cuentas bancarias, billeteras virtuales y acreditaciones financieras vinculadas a distintos controles tributarios.
La discusión de fondo no es si debe existir fiscalización. La verdadera discusión es si esa fiscalización es equitativa. Porque cuando la percepción social es que el control cae siempre sobre los mismos sectores, la confianza en las instituciones se erosiona.
Mientras ARCA profundiza las verificaciones sobre empleados y contribuyentes, una parte importante de la sociedad reclama que la misma energía se destine a investigar posibles enriquecimientos injustificados, corrupción y privilegios de quienes ocupan cargos públicos. En tiempos de ajuste, la transparencia debería ser una obligación para todos y no una exigencia exclusiva para quienes viven de su trabajo.
La igualdad ante la ley no puede ser un eslogan. Debe ser una práctica real. Y esa es una deuda que gran parte de la dirigencia política argentina todavía no ha logrado saldar.
