Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
La indignación social crece tras conocerse que el senador santafesino Oscar Dolzani fue filmado conduciendo mientras utilizaba un teléfono celular y sostenía un mate al mismo tiempo, una conducta expresamente prohibida por las normas de tránsito y considerada de alto riesgo para la seguridad vial. El propio legislador difundió las imágenes que desataron el repudio ciudadano.
Pero el escándalo no termina allí. Tras la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se conoció que el senador acumula 61 infracciones de tránsito por un monto cercano a los 16 millones de pesos, alcanzando exactamente $15.951.070 en multas impagas. Según los registros oficiales, la mayoría de las faltas corresponden a excesos de velocidad, además de una infracción grave por circular sin el seguro obligatorio vigente.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial resolvió suspender preventivamente su licencia de conducir, exigirle un curso de reeducación vial, volver a rendir los exámenes de aptitud para conducir y presentarse ante el Juzgado de Faltas correspondiente.
La situación genera una pregunta inevitable: ¿qué ejemplo puede dar un representante del pueblo cuando acumula casi 16 millones de pesos en multas y además se exhibe infringiendo normas básicas de tránsito?
Mientras miles de argentinos son sancionados por utilizar el celular al volante, muchos ciudadanos observan con bronca cómo algunos dirigentes parecen actuar como si las leyes estuvieran hechas para los demás. La sensación de impunidad es lo que más alimenta el malestar social.
No se trata únicamente de una infracción vial. Se trata de la responsabilidad institucional. Un senador no es un ciudadano cualquiera: es una persona elegida para representar a la sociedad, debatir leyes y promover el cumplimiento de las normas. Cuando quien debe dar el ejemplo aparece incumpliendo esas mismas reglas, la confianza pública se deteriora aún más.
Las disculpas públicas pueden ser un gesto necesario, pero difícilmente alcancen para borrar una conducta reiterada que, según los registros oficiales, se refleja en decenas de infracciones acumuladas durante años.
La ciudadanía exige igualdad ante la ley. Si un trabajador, un jubilado o un estudiante deben responder por sus faltas, con mayor razón deberían hacerlo quienes ocupan cargos públicos. La representación política no se mide solamente por los discursos o los votos en una banca; también se mide por el respeto cotidiano a las normas que garantizan la convivencia y la seguridad de todos.
Porque cuando un funcionario acumula casi 16 millones de pesos en multas y es descubierto violando las reglas de tránsito, el problema deja de ser una simple infracción: se convierte en un símbolo de la distancia que muchas veces existe entre la dirigencia política y los ciudadanos.
