Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
La jornada de protesta frente al Congreso de la Nación contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó una imagen que ya comienza a repetirse con demasiada frecuencia en la Argentina de Javier Milei: gases lacrimógenos, balas de goma, detenidos, heridos y periodistas atacados mientras realizaban su trabajo. Según distintos reportes, los incidentes terminaron con más de una decena de personas detenidas y varios heridos, entre ellos una fotógrafa que sufrió un grave traumatismo de cráneo mientras cubría la manifestación.
La reacción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata fue contundente. La institución repudió la represión y denunció una escalada de violencia institucional contra trabajadores de prensa y manifestantes. No se trata solamente de un episodio aislado, sino de una preocupante sucesión de hechos donde la respuesta estatal frente al conflicto social parece ser cada vez más la fuerza y cada vez menos el diálogo.
Mientras miles de ciudadanos se movilizaban bajo la consigna “La Patria no se vende”, en rechazo a aspectos centrales de la iniciativa impulsada por el oficialismo, el operativo de seguridad derivó en enfrentamientos, persecuciones y una violenta dispersión de los manifestantes. La propia cobertura periodística registró el uso de gases, camiones hidrantes y balas de goma en las inmediaciones del Congreso.
La situación abre un debate mucho más profundo que la discusión de una ley. Lo que está en juego es la calidad democrática de un país donde el ejercicio de derechos constitucionales, como la protesta social y la libertad de prensa, parecen quedar cada vez más condicionados por operativos represivos que terminan criminalizando el disenso.
La agresión sufrida por una reportera gráfica vuelve a encender todas las alarmas. Cuando los periodistas se convierten en víctimas por mostrar lo que ocurre en las calles, la sociedad pierde una herramienta esencial para controlar al poder. Sin cámaras, sin fotografías y sin testimonios independientes, la democracia se debilita.
El gobierno de Javier Milei sostiene que las fuerzas de seguridad actúan para garantizar el orden público y evitar hechos de violencia. Sin embargo, las imágenes de trabajadores de prensa heridos y de ciudadanos reprimidos generan fuertes cuestionamientos sobre los límites de esos procedimientos.
La historia argentina demuestra que la represión nunca resolvió los problemas sociales. Por el contrario, suele profundizar las tensiones y alimentar la confrontación. En un contexto de ajuste económico, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la pobreza y creciente malestar social, responder con palos y gases a quienes se expresan en las calles sólo agrava la crisis de representación que atraviesa el país.
La democracia no se fortalece silenciando voces. Se fortalece escuchándolas. Y cuando un gobierno elige la represión antes que el diálogo, lo que queda expuesto no es la fortaleza del poder, sino su incapacidad para responder a las demandas de una sociedad cada vez más golpeada.
