Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Una nueva controversia institucional sacude al sistema judicial argentino luego de que el Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarara la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y dispusiera el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
La resolución, firmada por la jueza Laura De Marinis, sostiene que el menor involucrado es «no punible» conforme a los principios constitucionales y a la normativa vigente en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes. La causa se originó el pasado 10 de septiembre tras la presunta comisión de un robo en grado de tentativa.
En su fallo, la magistrada rechazó además el planteo de incompetencia formulado por la defensa oficial y recordó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter transitorio de los tribunales nacionales ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que el Tribunal Superior de Justicia porteño debe intervenir en los conflictos de competencia que se susciten dentro de la jurisdicción local.
Sin embargo, la decisión judicial provocó una inmediata reacción política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó duramente la sentencia y anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada. «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre», afirmó públicamente.
El caso vuelve a poner en el centro del debate una discusión de enorme trascendencia institucional: los límites del control de constitucionalidad ejercido por los jueces, la política criminal del Estado frente a los delitos cometidos por menores de edad y el delicado equilibrio entre las garantías constitucionales y las demandas sociales de seguridad.
Mientras algunos sectores sostienen que la resolución protege derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, otros consideran que representa un obstáculo para combatir la creciente participación de menores en hechos delictivos.
Más allá de las posiciones políticas, el fallo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil en la Argentina y anticipa una batalla judicial que probablemente termine siendo definida por los tribunales superiores.
Fuente: Resolución del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires y declaraciones públicas del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Medio: Las Dos Campanas.
