El sistema de licencias interjurisdiccionales pone bajo la lupa la participación de clínicas privadas, los costos que deben afrontar los trabajadores y los vínculos societarios de las empresas habilitadas. ¿Por qué no se aprovecha la estructura de los hospitales públicos provinciales?
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
La implementación del nuevo sistema de licencias profesionales interjurisdiccionales en la provincia de Buenos Aires abre una discusión que merece respuestas políticas, administrativas y económicas. ¿Por qué los conductores deben recurrir a prestadores privados para realizar los exámenes psicofísicos obligatorios? ¿Por qué no se desarrolla un sistema público, mediante convenios con hospitales provinciales, que permita realizar esas evaluaciones sin dejar el servicio en manos de empresas privadas?
La pregunta no es menor. Estamos hablando de un requisito obligatorio para miles de trabajadores del transporte de pasajeros y de cargas. No se trata de un servicio opcional: sin las evaluaciones correspondientes, el conductor no puede completar el trámite para obtener su licencia profesional interjurisdiccional.
La propia Provincia informa que las evaluaciones deben realizarse ante prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y que los prestadores tienen tarifas libres por decisión del Gobierno nacional. Esto significa que el trabajador debe afrontar un costo adicional para poder ejercer su actividad laboral. Provincia de Buenos Aires+1
La cuestión central es por qué el Estado provincial no construye una alternativa pública.
Los hospitales provinciales cuentan con profesionales, infraestructura sanitaria y experiencia en evaluaciones médicas. Entonces, ¿se analizó la posibilidad de capacitarlos, habilitarlos y ponerlos en condiciones de realizar los exámenes psicofísicos? ¿Se evaluó un convenio con el Ministerio de Salud para garantizar una prestación pública, accesible y transparente?
Si el Estado tiene capacidad para desarrollar esa política, resulta legítimo preguntar por qué se termina dependiendo de prestadores privados.
ADS y la sociedad vinculada al nombre del doctor Silvestris
Otro punto que merece especial atención es el entramado empresarial relacionado con la prestación de estos servicios.
La firma que se presenta comercialmente como ADS Salud promociona los exámenes psicofísicos para las licencias nacionales profesionales de las categorías C, D y E. En su propia página informa que está habilitada como prestadora por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que realiza los estudios en su establecimiento de avenida Montes de Oca 1615/19, en Barracas. ADS SALUD+1
Pero existe otro dato societario que merece ser puesto sobre la mesa.
En el Boletín Oficial del 21 de agosto de 2026 se publicó una modificación de autoridades de la sociedad Dr. Antonio D. Silvestris Evaluación Psicofísica de los Conductores S.A. Allí figuran:
- Romina Sarriguren, presidenta.
- María Laura Sarriguren, vicepresidenta.
- Néstor José Caminos, director titular.
- María Soledad Sarriguren, directora suplente.
Estos nombres surgen de una publicación societaria oficial. También existen antecedentes de autoridades anteriores vinculadas a los apellidos Sarriguren y Silvestris. Sin embargo, la documentación consultada no alcanza por sí sola para acreditar los vínculos familiares entre esas personas ni para demostrar irregularidades. Boletín Oficial · W20 Argentina+1
Precisamente por eso corresponde exigir transparencia.
¿Qué relación existe entre ADS Salud y la sociedad que lleva el nombre del doctor Antonio D. Silvestris? ¿Quiénes son sus verdaderos beneficiarios económicos? ¿Qué participación tienen los integrantes de las distintas sociedades vinculadas? ¿Cómo se distribuyen los ingresos generados por los exámenes obligatorios?
Y, fundamentalmente, ¿qué controles realiza el Estado sobre los valores que se cobran a los trabajadores?
El trabajador paga, el privado presta y el Estado debe explicar
El problema no termina en quién realiza los estudios. También está en el costo que representa para quienes viven de manejar un camión, un colectivo o un vehículo de transporte profesional.
Distintas denuncias periodísticas recogieron reclamos por el encarecimiento del trámite, con evaluaciones y capacitaciones privadas que pueden elevar considerablemente el costo final de la licencia. La Noticia 1
No se puede convertir una exigencia administrativa en una barrera económica para trabajar.
El derecho a obtener una licencia profesional, cumpliendo con las condiciones de seguridad correspondientes, no debería transformarse en una oportunidad para que determinados prestadores concentren una actividad obligatoria y cobren tarifas que el trabajador no tiene posibilidad de evitar.
La seguridad vial es fundamental. Los controles médicos y psicológicos son necesarios. Pero una cosa es garantizar que los conductores estén en condiciones de manejar y otra muy distinta es que el acceso a esos controles dependa exclusivamente de una oferta privada.
Las preguntas que la Provincia no puede esquivar
El Gobierno bonaerense, el área de Licencias de Conducir y las autoridades sanitarias deberían responder públicamente:
- ¿Qué procedimiento se utilizó para autorizar a los prestadores privados?
- ¿Existe algún convenio específico con ADS o con la sociedad Dr. Antonio D. Silvestris?
- ¿Cuántos prestadores fueron habilitados y bajo qué criterios?
- ¿Qué valores cobran por cada examen psicofísico?
- ¿Se evaluó realizar los estudios en hospitales públicos provinciales?
- ¿Qué participación económica tienen las sociedades vinculadas a esta actividad?
- ¿Qué controles existen para evitar concentraciones empresariales y posibles conflictos de intereses?
También sería necesario publicar los convenios, las autorizaciones, los registros de prestadores y los criterios utilizados para determinar quiénes pueden prestar estos servicios.
No se puede mirar para otro lado
La Provincia de Buenos Aires tiene una red hospitalaria pública que debe ser fortalecida, no relegada cuando aparece una actividad que genera ingresos mediante una obligación impuesta a los trabajadores.
Si los hospitales públicos pueden garantizar evaluaciones médicas con profesionales capacitados, ¿por qué no desarrollar un circuito provincial que permita realizar también los exámenes psicofísicos de los conductores?
No estamos cuestionando la necesidad de los controles ni el trabajo de los profesionales. Estamos cuestionando un modelo que merece explicaciones: trabajadores obligados a pagar, prestadores privados que ofrecen el servicio y un Estado que debe demostrar que eligió el camino más conveniente para la sociedad.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿se está organizando un sistema para cuidar la seguridad vial y facilitarle la vida al trabajador, o se está consolidando un mercado privado alrededor de una necesidad obligatoria?
No alcanza con decir que las empresas están habilitadas. La sociedad tiene derecho a saber cómo fueron seleccionadas, quiénes están detrás de ellas, cuánto dinero mueve esta actividad y por qué no se priorizó una alternativa pública.
Porque cuando se trata del trabajo de miles de argentinos, la transparencia no es una opción: es una obligación del Estado.
Que se publiquen los convenios. Que se expliquen los criterios. Que se investiguen los vínculos societarios si existen incompatibilidades. Y que se abra el debate sobre la participación de los hospitales públicos.
El Estado no puede ser un simple espectador mientras los trabajadores pagan el costo de cumplir con una obligación para poder llevar el sustento a sus hogares.
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Fuentes para la investigación:
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Licencias de conducir.
- ADS Salud – Exámenes psicofísicos.
- Publicación societaria en el Boletín Oficial – 21/08/2026.
- La Noticia 1 – Reclamos por el costo de las licencias profesionales.
