La profunda política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei comienza a mostrar consecuencias cada vez más visibles dentro de las Fuerzas Armadas. En medio del recorte general del gasto público, trascendió que el Ministerio de Defensa habría dispuesto horarios reducidos en dependencias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con el objetivo de achicar costos básicos como almuerzos, consumo eléctrico y servicios dentro de los cuarteles.
La situación expone un escenario alarmante que golpea de lleno a miles de efectivos militares, cuyos salarios hoy se ubicarían por debajo de la línea de pobreza y muy lejos de los ingresos que perciben otras fuerzas de seguridad. La falta de actualización salarial y el deterioro del poder adquisitivo habrían empujado a numerosos uniformados a buscar trabajos extra durante las tardes, desempeñándose en seguridad privada, vigilancia o aplicaciones de reparto para poder sostener a sus familias.
Pero el cuadro sería aún más grave. Según distintos informes y denuncias que circulan en ámbitos castrenses, en algunos cuarteles ya se recurre al trueque para obtener alimentos, repuestos e insumos esenciales. Intercambios de materiales y bienes para cubrir necesidades básicas reflejarían un nivel de precarización que pone en evidencia el abandono presupuestario de un área estratégica para la soberanía nacional.
A esto se suman versiones difundidas en redes sociales sobre la presunta venta de propiedades y terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas para afrontar gastos operativos, una situación que desató polémica y reavivó cuestionamientos sobre el destino de los recursos estatales.
Mientras el Gobierno nacional sostiene su discurso de equilibrio fiscal y reducción del Estado, crecen las críticas por un ajuste que también alcanza a sectores sensibles como la Defensa. Para muchos, la administración de Milei estaría priorizando el recorte a cualquier costo, incluso cuando ello implique debilitar estructuras fundamentales del país y empujar a sus integrantes a condiciones de extrema precariedad.
La controversia reabre un debate central: hasta dónde puede avanzar el ajuste sin poner en riesgo áreas clave para el funcionamiento y la seguridad de la Argentina.
