El Gobierno avanzó con la liberalización de las tarifas de luz y gas. Desde noviembre, Edenor y Edesur aplican aumentos del 3,6 % y 3,8 %, con un esquema que dolariza casi la mitad del costo del servicio.
En nombre de la estabilidad, el Gobierno oficializó la liberación total de las tarifas de electricidad y gas. Lo que se presenta como una “normalización” del mercado energético es, en realidad, un cambio estructural en la política de precios: el 43 % de la tarifa se dolariza, el resto queda atado a la inflación, y el subsidio se limita a los hogares de ingresos más bajos. Es el modelo de “energía sin política” que se votó en las urnas: tarifas reales en un país exportador de energía.
Las resoluciones 744 y 745 del ENRE, publicadas en el Boletín Oficial, marcan el inicio de la etapa que el propio Milei había anticipado: tarifas indexadas y libres, con privatización plena del mercado eléctrico nacional. En la práctica, Edenor y Edesur aumentaron un 3,6 % promedio, pero el nuevo cuadro habilita subas mayores si el dólar o el precio internacional del gas se disparan.
El argumento oficial es simple: la distorsión de tarifas subsidiadas destruye la inversión. En el esquema libertario, el mercado define el valor y el Estado acompaña. Pero la traducción inmediata de esa ecuación macroeconómica son boletas más caras para hogares y PyMEs, y un nuevo costo político que, como siempre, termina pagándose en cuotas.
Un país energético que paga como importador
La ironía estructural es evidente: Argentina es productora de gas y petróleo, con capacidad excedente, pero paga tarifas como si dependiera del exterior. El discurso libertario lo asume sin rubor: “Estabilidad es pagar lo que vale”. El modelo energético que Milei impulsa se parece más a una Bolsa de energía que a un sistema nacional. El precio final no se construye sobre la capacidad productiva, sino sobre la paridad de exportación.
El corazón político de la medida está en la quita de subsidios. Desde el punto de vista fiscal, representa orden y austeridad; desde el punto de vista social, un golpe directo al ingreso disponible. Los hogares de nivel medio (N2 y N3) todavía mantienen entre 40 % y 50 % de la generación subsidiada, pero la hoja de ruta del Ministerio de Energía es clara: reducir gradualmente hasta llegar a costo pleno.
La narrativa oficial no admite matices: el subsidio es un privilegio y la inversión privada no llega con tarifas políticas. Lo que se votó fue precisamente eso: un mercado sin tutelas, donde cada usuario paga lo que consume al precio de referencia global
Estabilidad y mercado
El mensaje político del ajuste tarifario se enmarca en la lógica general del mileísmo: no hay estabilidad sin precio real. El dólar quieto, la inflación descendente y la corrección fiscal se compran con energía a valor de exportación. Es un contrato explícito entre Gobierno y votantes: “el que eligió orden, eligió pagar”. Nadie puede decir que no sabía.
Desde la óptica de la economía política, la liberalización energética no es solo una decisión técnica, sino una señal ideológica: el Estado se retira de la formación del precio, los privados recuperan margen de ganancia y la tarifa se convierte en un instrumento de disciplinamiento macroeconómico.
La liberalización de las tarifas cierra el círculo de la política económica de Milei: orden fiscal, dolarización parcial y transferencia de costos al usuario. El país se convierte en laboratorio de un nuevo paradigma: energía privada, Estado mínimo, consumo en moneda dura.
La paradoja no escapa a nadie: una nación capaz de autoabastecerse de gas y electricidad que decide pagar su energía al precio de un país importador. Pero esa es la elección política que definió el voto. La estabilidad, como casi siempre en la historia argentina, no es gratis. Se paga en cuotas, con la boleta en la mano.
En el fondo, el Gobierno no hace más que cumplir su contrato: liberar precios, dolarizar rentabilidades y mostrar que la realidad —como la energía— no se subsidia eternamente.
