La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas ya no solo se refleja en la caída de la producción, el consumo y las ventas. Ahora también se evidencia en los tribunales comerciales, donde se multiplican los concursos preventivos y las señales de una creciente cesación de pagos.
Según un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), elaborado por el abogado Germán Alberto Pizzano y procesado por Agencia Noticias Argentinas, el deterioro económico está empujando a cada vez más empresas al borde del colapso financiero.
El cierre de unidades productivas ya dejó a 327.813 trabajadores sin cobertura del sistema de riesgos del trabajo, mientras que la ruptura de la cadena de pagos y la falta de capital de trabajo profundizan la emergencia en el sector.
Los datos son contundentes: en 2023 se registraron 82 concursos preventivos, pero en 2025 la cifra trepó a 190, lo que representa un aumento del 131,7%. La tendencia continúa agravándose en 2026, ya que durante el primer trimestre judicial se iniciaron 92 nuevos procesos concursales.
“La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”, advirtió Pizzano.
Desde IPA alertan que cada empresa que cierra no solo pierde su patrimonio, sino que destruye empleo directo e indirecto, rompe cadenas de valor y debilita el entramado productivo nacional.
Ante este escenario, la entidad reclama una ley de emergencia económica y productiva que permita suspender ejecuciones judiciales, ampliar plazos concursales y brindar herramientas para evitar quiebras masivas. Además, remarcan que ninguna medida será suficiente sin la recuperación del mercado interno y del crédito productivo.
“El Congreso debe actuar. De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, concluyó Pizzano.
