La reforma, que establece penas de hasta 15 años para menores de entre 14 y 16 que cometan delitos graves, avanzó con fuerte respaldo opositor no peronista y críticas por su alcance y financiamiento. Ahora la discusión se traslada al Senado.
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El oficialismo consiguió este jueves su segundo triunfo legislativo de la semana al aprobar en la Cámara de Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 en contra.
La aprobación fue holgada. Si bien no se alcanzaron los dos tercios, el respaldo fue contundente y mostró una mayoría amplia detrás del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.
Votaron a favor el PRO, la UCR, el interbloque Unidos, Innovación Federal, el MID y los bloques provinciales alineados con gobernadores. En contra se pronunciaron Unión por la Patria —aunque los massistas se diferenciaron en el capítulo I—, la izquierda, tres diputados catamarqueños y la cordobesa Natalia de la Sota.
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), miembro informante, defendió la reforma como “un gran paso para la Argentina” y sostuvo que el Congreso venía postergando desde hace más de dos décadas una modificación al régimen vigente. Frente a las críticas opositoras, afirmó que “hoy estamos en una nueva Argentina” y que “no hay cifra que pueda ocultar la impunidad”. También rechazó que se trate de una criminalización de adolescentes: “Es mentira”, dijo, y subrayó que el proyecto prevé penas alternativas y que “bajo ningún punto de vista” los menores serán alojados con adultos.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz defendió el dictamen alternativo de su bancada y recordó que la ley vigente —la 22.278— tiene 45 años. “No hace falta que expliquemos la inconstitucionalidad de esa norma”, sostuvo, y la calificó como “vetusta y regresiva”. Si bien reconoció la necesidad de actualizar el sistema, cuestionó que el proyecto oficial no construya —a su entender— un régimen penal juvenil integral con enfoque de derechos.
También desde Unión por la Patria, aunque con una mirada distinta dentro del mismo bloque, Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador) sostuvo que el debate no debería reducirse únicamente a la edad de imputabilidad. “Mi voto diferencial no es bajar la edad, es la construcción de un régimen integral que tenga contempladas todas las posibilidades”, planteó, y remarcó la necesidad de dotar a los jueces de herramientas concretas para intervenir. El Frente Renovador mantiene históricamente la postura de bajar la edad de imputabilidad, aunque en este caso no acompañó el texto oficial.
Durante la sesión estuvieron presentes en los palcos familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores, entre ellos allegados a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en un caso que volvió a instalar el debate en la agenda pública antes de la ampliación de extraordinarias.
Qué establece la nueva ley
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.
Para delitos con penas menores se prevén medidas alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.
