Su mirada lo dice todo es odio que acumula, por lo que paso el domingo ya no es política es venganza hacia el pueblo.
Tras la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno libertario duplica la apuesta. Javier Milei vetará el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la coparticipación de ATN, tres leyes que apuntaban a sostener universidades, hospitales y a las provincias en rojo.
El gobierno de Javier Milei enfrenta su primera derrota de peso en las urnas y, lejos de ensayar un giro, redobla la apuesta. Como si el fracaso en la provincia de Buenos Aires fuera apenas un malentendido, la Casa Rosada se prepara para un triple veto que golpea en la línea de flotación del sistema político y social: universidades públicas, el Hospital Garrahan y las provincias.
El presidente Javier Milei firmó la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso a mitad de agosto que establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.
En las últimas horas, el Gobierno había anticipado que procedería a rechazar la normativa y que tomarán el mismo camino con la ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN).La jugada, presentada como gesto de coherencia fiscal, es en realidad un manifiesto político: si algo funcionaba mal, que funcione peor.
Si la educación se caía a pedazos, si la salud pediátrica sobrevivía de milagro, si las provincias pedían aire para no ahogarse, el gobierno eligió dinamitar los salvavidas. Una demostración de poder que es, al mismo tiempo, otro escopetazo en la pierna.
Universidades vaciadas y hospitales en emergencia
El primer veto es al corazón de la educación pública. La ley de financiamiento universitario contemplaba la actualización de partidas presupuestarias para universidades nacionales, hospitales universitarios, proyectos de ciencia y extensión. Además, reconocía la deuda salarial acumulada de docentes y no docentes, con un esquema de recomposición por inflación y actualización mensual. No era un lujo: era el mínimo necesario para que las universidades no siguieran apagando luces y cerrando comedores.
Vetarlo implica ratificar la asfixia. Según datos de organizaciones académicas, el presupuesto universitario de 2025 ya era un 32% más bajo que en 2023 en términos reales. Con este golpe, el deterioro pasa a ser política oficial. El mensaje es transparente: que las universidades se arreglen con lo que hay, aunque lo que hay sea migajas.
El segundo veto apunta a la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema. La ley votada asignaba recursos inmediatos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y vacunas, además de recomponer salarios del personal de salud y residentes. El Garrahan, principal hospital pediátrico de Hispanoamérica, funciona como red nacional de derivaciones: vetar su financiamiento no es solo un ataque simbólico, es un riesgo sanitario real.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la recomposición salarial incluida en la ley implicaba $133.000 millones anuales. Una cifra significativa, pero menor al costo social de dejar sin cobertura a millones de chicos y familias. Para Milei, sin embargo, esa ecuación se resuelve fácil: el Excel antes que los pibes.
Provincias sin red, Nación sin aliados
El tercer veto es político en estado puro. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son la válvula de oxígeno de los gobernadores: un fondo que Nación reparte para emergencias y desequilibrios financieros. Hasta ahora, se asignaban de manera discrecional.
La ley aprobada por el Congreso buscaba convertirlos en automáticos y coparticipables, cerrando la puerta al uso discrecional de la caja.
El oficialismo eligió rechazarlo. La lógica es simple: Milei prefiere conservar la lapicera para premiar y castigar, aun cuando eso implique dinamitar la relación con los gobernadores. El problema es que esa lapicera ya perdió tinta: los mandatarios provinciales, incluidos algunos que hasta hace poco jugaban a la equidistancia, se reacomodan lejos de Casa Rosada. El veto a los ATN acelera el aislamiento y refuerza la sospecha de que el presidente gobierna más por reflejo ideológico que por pragmatismo.
La paradoja es brutal. Un gobierno que prometía federalismo y fin de la casta se aferra al mecanismo más clásico del presidencialismo argentino: el reparto discrecional de fondos. Y lo hace justo después de perder su principal bastión electoral, cuando más necesitaba tender puentes.
El ruido no se limita a las provincias. Dentro del propio oficialismo, la derrota bonaerense encendió las internas. El reemplazo en el Ministerio del Interior por Lisandro Catalán es un gesto hacia los gobernadores, pero resulta cosmético frente a la decisión de negarles la herramienta financiera que reclaman. Cambiar nombres en el Gabinete no borra la foto de un presidente dispuesto a vetar todo lo que huela a acuerdo.
El panorama es claro. Tras perder la elección más importante y con el dólar en alza, Milei no rectifica: acelera. Veta universidades, veta hospitales, veta a las provincias. La estrategia es “todo igual, pero más rápido”. Como si el abismo no fuera suficiente, la Casa Rosada quiere llegar antes.
El problema es que la política no se rige por la coherencia dogmática, sino por la capacidad de construir poder. Y cada veto erosiona un poco más al gobierno en un Congreso donde ya no tiene mayorías, en un territorio donde las provincias se sienten estafadas y en una calle que empieza a hervir. El presidente cree que reafirma autoridad, pero cada vez que aprieta el gatillo se dispara en la pierna. Y nadie resiste indefinidamente a los propios escopetazos.
El veto universitario congela salarios docentes y bloquea fondos para hospitales universitarios, ciencia y extensión. El sistema acumula una caída del 32% desde 2023.
