Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Mientras el Gobierno de Javier Milei habla de ordenar las cuentas públicas y reducir el gasto del Estado, una institución que brinda atención integral a personas con discapacidad vuelve a quedar en medio de un conflicto por fondos que, según denuncia, todavía no recibió.
El Cottolengo Don Orione de Claypole reclama una deuda superior a los 828 millones de pesos al Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones. El conflicto llegó a la Justicia Federal, que ordenó embargar las cuentas de la cartera sanitaria hasta cubrir la suma de $828.708.195.
La resolución fue dictada por el juez federal Juan Pablo Auge, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora.
Lo más preocupante es que no estamos hablando de una empresa privada ni de un negocio financiero. Estamos hablando de una institución que atiende a personas con discapacidad, muchas de ellas con necesidades de asistencia permanente, medicamentos e insumos indispensables para sostener sus tratamientos y su calidad de vida.
UNA DEUDA Y UNA EXCUSA ADMINISTRATIVA
El reclamo corresponde a la provisión de insumos y medicamentos entre marzo y junio. Desde el Ministerio de Salud rechazaron el planteo argumentando que el Cottolengo no habría presentado las facturas ni completado los trámites administrativos necesarios para cobrar.
Sin embargo, desde Don Orione rechazaron esa explicación. Su abogado, Pablo Díaz, sostuvo que la cobertura no funcionaba mediante un sistema de reintegros, sino a través de pedidos de insumos que eran auditados y posteriormente entregados por el Estado.
La institución también presentó documentación y correos electrónicos para demostrar que las gestiones administrativas sí se habían realizado.
La discusión deja una pregunta inevitable: ¿cómo puede el Estado justificar la falta de provisión de insumos esenciales apelando a cuestiones burocráticas mientras una institución advierte que están en riesgo los tratamientos de personas con discapacidad?
CUANDO EL AJUSTE LLEGA A LOS MÁS VULNERABLES
El caso adquiere todavía mayor gravedad porque Don Orione ya había denunciado una deuda anterior de aproximadamente $750 millones, que el Gobierno habría cancelado después de que se conociera la próxima visita del papa León XIV.
Ahora aparece un nuevo reclamo millonario y una orden judicial de embargo.
¿Hace falta que intervenga un juez o que llegue una figura internacional para que el Gobierno atienda las necesidades de una institución que cumple una función social fundamental?
El Cottolengo no debería tener que recurrir permanentemente a los tribunales para conseguir los recursos necesarios para atender a quienes más lo necesitan.
EL 9 DE NOVIEMBRE, TODAS LAS MIRADAS ESTARÁN EN CLAYPOLE
La próxima visita del papa León XIV pondrá nuevamente al Cottolengo Don Orione en el centro de la atención pública.
Y será imposible ignorar la contradicción: mientras una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad denuncia deudas millonarias y falta de insumos, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por sus políticas de financiamiento del área.
El ajuste puede discutirse en términos económicos, pero hay límites que una sociedad no debería permitir que se crucen. La atención, los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de las personas con discapacidad no pueden quedar atrapados en una disputa administrativa.
Desde Las Dos Campanas sostenemos que gobernar también significa hacerse cargo de los más vulnerables. Porque cuando el Estado demora los recursos destinados a quienes necesitan atención permanente, no estamos hablando solamente de números: estamos hablando de vidas humanas.
