Mientras los salarios pierden poder adquisitivo y miles de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, las tarifas de los servicios públicos siguen escalando por encima de la inflación. El transporte encabeza los aumentos y los hogares de menores ingresos vuelven a quedar entre los más perjudicados.
Los números son contundentes y dejan al descubierto una realidad cada vez más difícil de ocultar: vivir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuesta cada vez más. Las tarifas de los servicios públicos aumentaron un 16% por encima de la inflación durante el último año, según un informe del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFIP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El relevamiento, que compara septiembre de 2025 con septiembre de 2026, también registró que durante el tercer trimestre de este año los servicios se encarecieron un 1,8% en términos reales respecto del trimestre anterior.
Pero detrás de los porcentajes hay una realidad social que merece mayor atención: familias que deben elegir qué factura pagar, trabajadores que destinan cada vez más dinero para trasladarse y jubilados que ven cómo los gastos esenciales consumen una parte creciente de sus ingresos.
La política tarifaria no puede analizarse solamente desde una planilla económica. Tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
El transporte, al frente de una escalada que no da tregua
Los colectivos fueron los grandes protagonistas de los aumentos, con una suba real del 45,9% en el último año. Es decir, aumentaron muy por encima de la inflación.
El resto de los incrementos informados por el CEFIP también refleja la presión sobre los gastos cotidianos:
- Colectivos: 45,9%.
- Gasoil: 27,1%.
- Ferrocarriles urbanos: 26,8%.
- Subte: 23,1%.
En otras palabras, trasladarse para trabajar, estudiar o realizar una actividad cotidiana se convirtió en una carga cada vez más pesada para los sectores populares.
El transporte público debería ser una herramienta de integración y acceso a oportunidades, no un obstáculo económico para quienes dependen de él todos los días.
Una política tarifaria que profundiza las desigualdades
El informe también permite observar cómo evolucionaron las tarifas durante los distintos gobiernos.
Entre 2001 y 2015, los servicios públicos se abarataron un 70% en términos reales. Entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos, las tarifas aumentaron un 118%. Luego, entre 2019 y 2023, registraron una caída real del 50%.
Sin embargo, desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026, durante la gestión de Javier Milei, acumularon una recuperación real del 120%.
Este último dato merece una discusión que va más allá de los números: ¿hasta dónde puede trasladarse el costo de los servicios esenciales a los usuarios sin considerar la capacidad real de pago de los hogares?
La recuperación de los precios relativos puede formar parte de una política económica, pero no puede convertirse en una condena para quienes viven de un salario, una jubilación o un ingreso que no alcanza.
Los que menos tienen son los que más pagan el costo
Uno de los aspectos más preocupantes del estudio es la desigualdad en el impacto acumulado de los aumentos.
Desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2026, los hogares de menores ingresos sin Tarifa Social soportaron un incremento real del 249,5%.
En los sectores medios, la suba fue del 190,6%, mientras que para los hogares de mayores ingresos alcanzó el 144,2%.
Los hogares alcanzados por la Tarifa Social registraron un aumento real acumulado del 26,4%.
La diferencia es contundente: quienes menos recursos tienen enfrentaron el mayor encarecimiento relativo de los servicios públicos.
No se trata de una discusión ideológica ni de una disputa de estadísticas. Se trata de desigualdad concreta. Una familia de bajos ingresos no tiene la misma capacidad para absorber aumentos que un hogar de mayores recursos.
Cuando el transporte, el gas y los servicios básicos absorben cada vez más del presupuesto familiar, el ajuste deja de ser una variable macroeconómica y se transforma en una realidad que golpea directamente la mesa de los argentinos.
El alivio de los subsidios no alcanza para ocultar el problema
Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, los aumentos reales rondaron el 16% para los distintos grupos de ingresos. La excepción fueron los hogares con Tarifa Social, que registraron una caída real del 4,5%, gracias al efecto amortiguador de los subsidios diferenciados.
Pero ese alivio no modifica el panorama general: el peso acumulado de los tarifazos continúa siendo considerablemente mayor para los sectores vulnerables.
La pregunta que debería hacerse cualquier gobierno es sencilla: ¿qué pasa con una sociedad cuando acceder al transporte, al gas y a los servicios básicos se convierte en un esfuerzo económico permanente?
El ajuste también se mide en la vida cotidiana
Los datos del CEFIP-UNLP exponen una realidad que no puede minimizarse. Detrás de cada aumento hay trabajadores que resignan parte de sus ingresos, comerciantes que enfrentan mayores costos, jubilados que recortan otros gastos y familias que deben reorganizar su economía para sostener servicios indispensables.
Un país no puede medir su éxito exclusivamente por el equilibrio de sus cuentas públicas mientras sus habitantes pierden capacidad de consumo y ven deteriorarse sus condiciones de vida.
El problema no es solamente cuánto aumentan las tarifas, sino quién termina pagando la cuenta.
Porque cuando el ajuste recae una y otra vez sobre quienes viven de su trabajo, el costo social también crece. Y ningún indicador económico debería servir para naturalizar que millones de argentinos tengan que hacer sacrificios cada vez mayores para acceder a servicios que son esenciales.
Las tarifas podrán recuperar valores en términos reales, pero si los ingresos de la población no acompañan, lo que se recupera por un lado se pierde en calidad de vida por el otro.
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
