En la Argentina, una de cada tres familias habita una vivienda inadecuada: casas sin baño, con conexiones eléctricas precarias o sin acceso al agua. Más de cinco millones de personas viven en barrios populares y un millón en hacinamiento crítico.
“Dormimos en turnos porque no entramos todos en la pieza”, dice Marta, vecina de un barrio del segundo cordón del conurbano bonaerense. Su frase no es una excepción: en la Argentina, una de cada tres familias vive en condiciones de vivienda inadecuada.
El dato, que surge de un trabajo conjunto entre Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad, desnuda una realidad que atraviesa provincias y clases sociales: el acceso a una casa digna se volvió un privilegio.
Las cifras son el espejo de una desigualdad estructural. Más de cinco millones de personas habitan en barrios populares registrados en el RENABAP. Seis millones no tienen baño. Un millón viven en hacinamiento extremo. Y otros tantos sobreviven entre techos de chapa, pisos de tierra y miedo al próximo temporal.
La vivienda, que alguna vez fue el punto de partida de la movilidad social, hoy se transformó en su límite.
Vivienda digna: un derecho que se erosiona
Las organizaciones que trabajan en el territorio no hablan solo de paredes y techos, hablan de derechos vulnerados.
Una vivienda adecuada —explican— no se reduce a tener un techo: implica seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos (agua, energía, saneamiento), habitabilidad, accesibilidad para personas mayores o con discapacidad y una ubicación que conecte con empleo, transporte y salud.
Cuando esos criterios se desmoronan, el impacto no es solo material. La falta de agua potable enferma, el hacinamiento deteriora la salud mental y la precariedad eléctrica pone en riesgo la vida. La emergencia habitacional, en realidad, es una emergencia sanitaria, educativa y social.
El problema no empezó ayer, pero se agravó con la crisis económica y el aumento de los alquileres. Las familias más pobres no pueden acceder a créditos y las clases medias se endeudan para pagar rentas que duplican su salario. La consecuencia: la frontera del hábitat popular avanza, pero los servicios públicos no la acompañan.
Para visibilizar esta crisis, las organizaciones lanzaron Conectando Hábitat, una plataforma digital que cuenta historias reales de familias que viven en la intemperie institucional del sistema.
Mediante personajes animados —inspirados en testimonios de los barrios— el proyecto traduce números fríos en relatos humanos. “Es una forma de que la sociedad vea lo que pasa detrás de las estadísticas”, explican.
En esos relatos, la casa deja de ser una unidad de medición y vuelve a ser lo que siempre fue: un espacio de vida.
El proyecto busca movilizar alianzas entre gobiernos locales, universidades y sectores productivos para generar soluciones concretas: desde baños modulares y programas de microcréditos hasta urbanización participativa.
Detrás de cada mejora hay trabajo voluntario, redes comunitarias y un Estado que, a veces, llega tarde pero aún puede llegar.
El techo como política
Cada ladrillo construido tiene detrás una historia de esfuerzo colectivo. En muchos barrios, los vecinos se organizan con cooperativas, universidades y municipios para sanear terrenos, ampliar casas o abrir calles.
No resuelve todo, pero construye comunidad, que es otra forma de hacer política.
Las organizaciones sociales insisten en que el hábitat debe volver a ser una prioridad nacional. Sin vivienda, no hay arraigo; sin arraigo, no hay trabajo estable ni educación continua.
La Argentina discute superávit, déficit y dolarización, pero en los bordes de las ciudades la discusión es otra: cómo sobrevivir cuando la lluvia entra por el techo y el futuro gotea junto con el agua.
