El Gobierno acepta perder el Capítulo XI en el Congreso, pero evalúa avanzar por decreto o nueva ley contra el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Más que una discusión fiscal, se trata de una decisión clave para sostener el relato libertario.
El Gobierno de Javier Milei ya asumió que el Congreso no le dará lo que fue a buscar. El Capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, será votado sin modificaciones en el Senado. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, en la Casa Rosada evalúan nuevas vías para avanzar contra esas normas, incluso mediante un decreto de necesidad y urgencia o una ley posterior, caminos jurídicamente débiles pero políticamente funcionales.
El Presidente confirmó que no vetará el Presupuesto y que reasignará partidas para cumplir con el déficit cero. Pero en ningún momento aclaró si aplicará las leyes que el Congreso ratificó tras su veto. En los hechos, el Ejecutivo ya las mantiene sin ejecución, una situación que expone al Gobierno a posibles denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público y explica la urgencia por cerrar el frente legal antes del receso legislativo.
El costo fiscal que no explica la pelea
Desde el punto de vista presupuestario, el conflicto resulta llamativo. Los informes de la Oficina del Presupuesto del Congreso muestran que la Ley de Emergencia en Discapacidad implicaría un refuerzo fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, incluso contemplando escenarios amplios de nuevas altas de pensiones, actualización de aranceles a prestadores y compensaciones de emergencia.
La ley de Financiamiento Universitario, extrapolada al ejercicio 2026, tendría un impacto cercano al 0,23% del PBI, asociado principalmente a la recomposición de gastos de funcionamiento, salarios docentes y no docentes y actualización de becas estudiantiles.
Son cifras relevantes, pero muy lejos de constituir un desborde presupuestario. Más aún si se las compara con otras decisiones fiscales contenidas en el propio Presupuesto 2026, que convalida pérdidas de recaudación mucho más significativas por la baja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, la reducción de Bienes Personales, la eliminación del Impuesto PAIS, la caída de impuestos internos, la baja de retenciones a determinados productos y distintos mecanismos de alivio o perdón fiscal.
La pregunta, entonces, no es cuánto cuestan estas leyes. La pregunta es por qué el Gobierno insiste en voltearlas.
Relato, dureza y núcleo duro
La respuesta aparece menos en la planilla Excel y más en la lógica política que ordena la gestión de Milei. Para el oficialismo, el problema no es fiscal sino narrativo. Sostener estas leyes, aun con impacto presupuestario acotado, debilita el eje central del discurso libertario: la idea de que ordenar la economía exige decisiones dolorosas, incluso cuando no convienen políticamente.
En el universo simbólico del Presidente, negociar es sinónimo de transar, y transar es parecerse a la casta. Por eso, ceder en dos áreas socialmente sensibles como educación universitaria y discapacidad tendría un costo político mayor que el ahorro fiscal que se busca evitar. La dureza no es un error de cálculo: es una señal identitaria.
Esta estrategia dialoga con un clima social marcado por la desconfianza en la política y, especialmente entre sectores jóvenes, por el deterioro de la imagen de la universidad pública como herramienta de ascenso social. En ese contexto, insistir en el ajuste sobre estos ítems refuerza la coherencia ideológica ante su núcleo duro, aun cuando exponga al Gobierno a conflictos judiciales y desgaste institucional.
Desde esta perspectiva, no ejecutar las leyes o intentar derogarlas por decreto funciona como demostración de consistencia discursiva, incluso sabiendo que el andamiaje constitucional es frágil y que la judicialización es casi inevitable.
El Congreso como escenario, no como límite
La derrota parlamentaria del Capítulo XI dejó expuesta otra tensión central del oficialismo: el Ejecutivo no tiene los votos para imponer condiciones, pero tampoco abandona la lógica de confrontación. El Presupuesto será aprobado tal como salió de Diputados, pero el Gobierno se reserva la posibilidad de avanzar luego por fuera del Congreso, aun sabiendo que los tribunales podrían frenar esas decisiones.
En la Casa Rosada reconocen que un DNU difícilmente resista un control judicial estricto. Sin embargo, la alternativa sigue sobre la mesa. No necesariamente para ganar en los tribunales, sino para sostener el relato político, ganar tiempo y reordenar partidas mientras se presiona a gobernadores y aliados con otras herramientas presupuestarias.
El mensaje es claro: el equilibrio fiscal es innegociable, incluso cuando los números muestran margen. Lo que está en juego no es cuánto cuesta financiar universidades o discapacidad, sino qué historia quiere contar Milei sobre sí mismo y sobre el Estado que vino a desarmar.
El impacto fiscal combinado de las leyes de Universidad y Discapacidad ronda entre 0,2% y 0,4% del PBI, muy por debajo de otros recursos que el Presupuesto 2026 resigna sin conflicto político.
Para el Gobierno, el daño al relato pesa más que el alivio fiscal: ceder en áreas sensibles debilita la narrativa de austeridad extrema que sostiene al núcleo duro libertario.
