Por: Victor Hugo Denis / Las Dos Campanas.
La decisión de La Libertad Avanza de impulsar un juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual por haber suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil desató fuertes cuestionamientos sobre el respeto a la independencia judicial.
Desde distintos sectores advierten que la ofensiva libertaria constituye una clara presión sobre el Poder Judicial y un intento de disciplinar a los magistrados que adopten resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno. La jueza no derogó la ley ni la anuló, sino que dispuso una suspensión provisoria para analizar su constitucionalidad, una facultad propia de la Justicia en un sistema democrático.
Sin embargo, el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, anunció que encabezará una mesa política y técnica para avanzar en mecanismos que permitan la destitución de la magistrada. Las declaraciones fueron interpretadas como una señal de intolerancia frente a las decisiones judiciales que no se alinean con la agenda oficialista.
Críticos de la medida sostienen que el verdadero peligro para la democracia no es el control constitucional de las leyes, sino la pretensión de castigar a jueces por el contenido de sus fallos. «Si cada magistrado que dicta una resolución incómoda para el poder político es amenazado con un juicio político, se pone en riesgo la división de poderes», remarcan especialistas.
Mientras La Libertad Avanza acusa a Pascual de actuar políticamente, la respuesta libertaria también aparece cargada de intereses partidarios, transformando una discusión jurídica en una disputa de poder. Para muchos observadores, el mensaje es preocupante: quien falle contra el Gobierno podría enfrentar represalias.
La polémica vuelve a instalar un debate central en la Argentina: ¿se busca fortalecer las instituciones o condicionar a la Justicia cuando sus decisiones no coinciden con los intereses del poder de turno?
