Cada vez que un funcionario afirma que «nadie le puso un arma en la cabeza a la gente para endeudarse», miles de trabajadores sienten que la realidad que viven es ignorada desde los despachos del poder. La frase, lejos de ofrecer una solución, traslada toda la responsabilidad a quienes padecen las consecuencias de una economía que no controlan.
La pregunta que surge es inevitable: si un ciudadano debe responder por sus decisiones económicas, ¿qué ocurre cuando un gobierno lleva adelante una gestión que genera más deuda, caída del consumo, cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro del poder adquisitivo?
Los argentinos no emiten moneda, no negocian con organismos internacionales ni diseñan políticas económicas. Es el Estado, a través de quienes fueron elegidos para gobernar, quien tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos y garantizar condiciones mínimas para el desarrollo de la población.
Cuando las políticas económicas provocan un aumento de la pobreza, una caída de los salarios reales y una creciente dificultad para llegar a fin de mes, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones. La responsabilidad política no puede desaparecer detrás de discursos que culpan exclusivamente a los ciudadanos por una crisis que afecta a millones.
La historia demuestra que los grandes procesos de endeudamiento, inflación o recesión no son consecuencia de decisiones individuales aisladas, sino del rumbo económico que adopta un gobierno. Por eso, cuando una gestión fracasa, el debate no debería centrarse en responsabilizar a quienes sufren las consecuencias, sino en analizar las decisiones que llevaron al país a esa situación.
El pueblo trabajador enfrenta aumentos permanentes de tarifas, transporte, alimentos y servicios, mientras los ingresos pierden capacidad de compra. En ese contexto, endeudarse muchas veces deja de ser una elección para convertirse en una necesidad de supervivencia.
La discusión de fondo es simple: si los ciudadanos deben hacerse cargo de sus actos, quienes gobiernan también deben responder por los resultados de sus políticas. La responsabilidad no puede ser selectiva. Cuando un modelo económico genera más pobreza y exclusión, la sociedad tiene derecho a reclamar rendición de cuentas a quienes tomaron las decisiones.
Porque gobernar no es señalar culpables desde un atril. Gobernar es hacerse cargo de las consecuencias de las propias decisiones.
