Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Extorsiones desde las cárceles bonaerenses: la Justicia debe explicar cómo es posible que los delincuentes sigan manejando negocios criminales detrás de las rejas.
La reciente desarticulación de una banda dedicada a extorsionar a usuarios de páginas de escorts vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué está pasando dentro de las cárceles bonaerenses?
Según la investigación, varios integrantes de la organización realizaban los aprietes desde establecimientos penitenciarios. Es decir, estaban privados de su libertad, pero aparentemente conservaban la capacidad de organizar maniobras delictivas, amenazar personas y continuar manejando una estructura criminal.
Esto no puede naturalizarse. Una cárcel no puede convertirse en una oficina desde donde se planifican extorsiones, se imparten órdenes y se sigue perjudicando a ciudadanos que están afuera.
La Justicia, el Servicio Penitenciario y las autoridades responsables deben dar explicaciones. ¿Cómo ingresan y se utilizan teléfonos celulares para cometer delitos? ¿Quién controla estas comunicaciones? ¿Qué medidas se adoptan cuando se detecta que un detenido continúa dirigiendo actividades criminales?
La privación de la libertad no puede ser solamente una formalidad. Quien comete un delito debe cumplir una condena efectiva, con controles estrictos y sin privilegios que faciliten la continuidad de sus actividades ilícitas.
Pero también hay que decirlo con claridad: los derechos fundamentales no desaparecen por estar preso; lo que debe desaparecer es cualquier posibilidad de utilizar la cárcel como plataforma para seguir delinquiendo. La respuesta tiene que ser firme, con sanciones previstas por la ley, aislamiento cuando corresponda, controles reales y nuevas investigaciones ante cada delito cometido desde una prisión.
Las víctimas de las extorsiones también tienen derechos. Merecen protección, respuestas y una Justicia que no llegue siempre después de que el daño está hecho.
La sociedad no puede aceptar que alguien esté condenado a permanecer tras las rejas y, aun así, continúe manejando un negocio criminal.
La cárcel debe servir para cumplir condenas, garantizar la seguridad y evitar nuevos delitos. No puede ser un refugio para las organizaciones que siguen operando desde adentro.
