Licencias que cuestan una fortuna, patentes impagables y nuevas restricciones: ¿quién gobierna para el trabajador?
Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste y golpea el bolsillo de millones de argentinos, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof tampoco parece dispuesto a darle un respiro al pueblo trabajador. Entre impuestos, tasas y trámites cada vez más caros, el laburante queda atrapado entre dos gobiernos que, con discursos diferentes, terminan cargando el peso de la crisis sobre los mismos de siempre.
La renovación o tramitación de una licencia profesional para camioneros, con costos que pueden rondar los $300.000, plantea una pregunta brutal: ¿de dónde saca esa plata un trabajador que apenas llega a fin de mes? Si se busca facilitar el acceso al trabajo, ¿por qué convertir una licencia indispensable para ganarse el pan en una barrera económica?
Milei eliminó el sistema de la licencia nacional de transporte interjurisdiccional conocida como LINTI y modificó el esquema vigente. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿la reorganización del sistema terminó aliviando al camionero o trasladando costos y trámites que siguen castigando su economía? Las responsabilidades y los montos deben analizarse con precisión, pero el reclamo de los trabajadores es legítimo y urgente.
Y el golpe no termina ahí. Las patentes automotores que, según los casos, alcanzan cifras de $198.000 o más se suman al combustible, los seguros, el mantenimiento y el resto de los gastos cotidianos. Tener un vehículo, incluso cuando es una herramienta necesaria para trabajar, se convierte cada vez más en un privilegio para quienes pueden pagarlo.
¿Y qué decir de la nueva distinción entre licencias para autos automáticos y manuales? Que la seguridad vial exige formación y evaluación es indiscutible. Pero las autoridades tienen la obligación de explicar con claridad los fundamentos, el alcance y las consecuencias de estas restricciones. No se puede diseñar una política pública de espaldas a la realidad de quienes necesitan manejar para trabajar y sostener a sus familias.
La pregunta política es inevitable: ¿el gobierno provincial está priorizando las necesidades de los bonaerenses o está multiplicando obstáculos administrativos y económicos para quienes menos tienen? Las acusaciones sobre supuestos acuerdos o beneficios para determinados sectores también deben probarse con documentación y hechos concretos. Los trabajadores merecen respuestas, no sospechas sin demostrar ni silencio oficial.
Porque mientras los funcionarios discuten expedientes, competencias y reglamentaciones, hay camioneros, choferes, comerciantes y familias enteras haciendo cuentas para ver qué deuda pagan y qué necesidad dejan para después.
¡BASTA DE DESCARGAR LA CRISIS SOBRE EL LABURANTE!
El pueblo no puede seguir siendo la caja de recaudación de gobiernos que le exigen cada vez más a quienes tienen cada vez menos. La seguridad vial debe garantizarse, los trámites deben ser razonables y los impuestos deben tener una justificación transparente. Ningún trabajador debería quedar al borde de perder su herramienta de trabajo porque no puede pagar una suma exorbitante.
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Opinión editorial — Medio local
