Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Resulta doloroso para millones de argentinos observar cómo quienes trabajaron toda una vida deben salir a las calles para reclamar algo tan básico como una jubilación que les permita vivir con dignidad. Hombres y mujeres que construyeron el país son hoy empujados a manifestarse porque sus ingresos no alcanzan para comprar medicamentos, pagar servicios o simplemente llenar la mesa familiar.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Javier Milei no parece ser la búsqueda de soluciones, sino el despliegue de operativos policiales cada vez más imponentes. Jubilados rodeados por vallas, efectivos de seguridad, gases, empujones y detenciones. Escenas que generan indignación y dejan una pregunta inevitable: ¿por qué existe semejante despliegue para controlar una protesta de adultos mayores mientras los barrios continúan abandonados frente a la inseguridad?
En las marchas hay más policías que en muchas zonas donde los vecinos sufren robos, motochorros, entraderas y hechos de violencia a diario. Mientras los jubilados son vigilados y reprimidos, miles de familias viven con miedo de salir a trabajar, regresar a sus casas o esperar el colectivo en una esquina oscura.
La contradicción es evidente. El Estado demuestra capacidad para movilizar cientos de efectivos cuando se trata de contener el descontento social, pero esa misma presencia desaparece cuando los ciudadanos reclaman seguridad en sus barrios. Los delincuentes parecen moverse con mayor libertad que quienes protestan por sus derechos.
Una sociedad se mide por el trato que brinda a sus adultos mayores. Cuando los jubilados terminan golpeados por reclamar una vida digna, el problema ya no es solamente económico: es moral, político y profundamente humano. Porque ningún país puede considerarse justo cuando quienes trabajaron toda una vida terminan enfrentando palos y patrulleros por exigir lo que les corresponde.
