Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Mientras jubilados son rodeados por fuerzas de seguridad por reclamar una jubilación digna y trabajadores son vigilados cuando salen a defender sus derechos, en Mar del Plata grupos de violentos pudieron salir a las calles a atacar automóviles con piedras, sembrar el terror y poner en riesgo la vida de vecinos inocentes.
Las imágenes son tan impactantes como reveladoras. Conductores obligados a frenar por ataques organizados, ciudadanos indefensos frente a la violencia y una sensación de ausencia estatal que genera indignación. Según fuentes policiales, varios de los involucrados serían allegados al adolescente fallecido durante un intento de robo. Pero más allá de los nombres y las circunstancias, el hecho expone una realidad preocupante: la autoridad parece aparecer con rapidez para controlar protestas sociales, pero llega tarde o directamente no llega cuando el delito toma las calles.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el Estado muestra toda su fuerza frente a quienes reclaman y tanta debilidad frente a quienes generan miedo, destruyen y amenazan a la sociedad?
La seguridad no puede ser un privilegio ni una promesa electoral. Es una obligación básica. Sin embargo, millones de argentinos observan cómo se despliegan operativos para contener manifestaciones mientras la inseguridad continúa avanzando sobre barrios, avenidas y espacios públicos.
El mensaje que recibe la sociedad es devastador: quien trabaja, produce y respeta la ley debe cuidarse solo, mientras los violentos desafían el orden sin encontrar una respuesta contundente. Esa percepción de impunidad es uno de los mayores fracasos de cualquier gobierno.
Cuando el ciudadano honesto tiene miedo de salir a la calle y los delincuentes pierden el miedo a la ley, el problema deja de ser solamente la inseguridad. Se transforma en una crisis de autoridad. Y un Estado que es fuerte con los débiles pero débil con los violentos termina perdiendo credibilidad ante toda la sociedad.
Los argentinos no necesitan más discursos. Necesitan seguridad, justicia y un Estado que proteja a quienes cumplen las reglas, no que llegue siempre después de que el daño ya está hecho.
