Los jubilados serán los principales perjudicados. La reducción de las contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y los recortes impositivos implican una resignación de ingresos en los recursos públicos.
Aunque el Gobierno lo niega, el proyecto de reforma laboral tiene un impacto fiscal alto que termina por vaciar los recursos públicos. Según estimaciones del sindicato de trabajadores del ARCA, en 2026 el costo alcanzaría el equivalente al 1,278 por ciento del PBI. En términos comparativos, esa cifra equivale a seis Leyes de Financiamiento Universitario, una iniciativa que el presidente Javier Milei vetó por considerar que amenazaba el equilibrio de las cuentas públicas.
La reducción de las contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y los recortes impositivos previstos en el texto implican una resignación de ingresos no sólo para el Estado nacional, sino también para las provincias, dado que varios de los tributos son coparticipables.
El Congreso tratará la reforma laboral en febrero, para las sesiones extraordinarias. Prometen un debate intenso que la CGT ya sigue de cerca, no sin antes manifestar su rechazo a las modificaciones que propone Milei.
El tratamiento comenzará en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a obtener media sanción hacia mediados de mes.
La discusión luego se trasladará al Senado, un terreno más adverso para el Gobierno por el peso de los gobernadores peronistas y de las organizaciones sindicales. Allí se anticipa una pulseada más dura y posibles modificaciones hacia el cierre del mes en tratamiento.
Costo fiscal
Uno de los principales flancos que buscará explotar la oposición a la administración libertaria es el costo fiscal del proyecto. Según un informe elaborado por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), al que accedió Página/12, el impacto fiscal total alcanzaría el equivalente al 1,278 por ciento del PBI.
La magnitud contrasta con otras normas vetadas recientemente por el presidente Javier Milei en nombre del equilibrio fiscal, como la Ley de Financiamiento Universitario, que implicaba un costo de 0,23 puntos del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y la Ley de Emergencia Pediátrica representaba sólo el 0,05 por ciento.
El trabajo de Aefip identifica las principales propuestas del proyecto de reforma laboral del oficialismo para estimar los cambios en la recaudación del Estado que implicaría su aprobación en 2026.
Desfinanciamiento a jubilados
Para empezar, la reducción de las contribuciones patronales tiene un impacto fiscal directo, pues son la columna vertebral del financiamiento de la Seguridad Social en Argentina. No son fondos que se destinan a una “caja única” para gastos generales del Estado (como hacer rutas o pagar la luz de los ministerios), sino que tienen asignaciones específicas por ley para cubrir derechos sociales.
El proyecto de Reforma Laboral propone reducir las contribuciones patronales de 20,4 a 17,4 por ciento para empleadores del rubro servicios y de 18 a 15 por ciento para el resto de los empleadores privados, para el empleo ya registrado. Esto supone un beneficio directo para el empleador y una pérdida para la Seguridad Social.
La mayor parte de estos aportes van directo a Anses para financiar el pago de jubilaciones y pensiones actuales. Otra porción significativa se destina a financiar la obra social de los jubilados, el PAMI, y finalmente para el pago de las asignaciones familiares a través de la Anses.
Como en los 90´, o peor
La rebaja de las contribuciones patronales fue la piedra angular de la política fiscal de la segunda etapa del gobierno de Carlos Menem, bajo la idea de que restaba competitividad a las empresas. Las contribuciones se redujeron drásticamente, y para compensar el agujero fiscal que generaban se aumentó el IVA del 18 al 21 por ciento.
Los resultados esperados en materia de empleo jamás se verificaron pues no es el costo laboral lo que impide a las empresas contratar sino el comportamiento de las ventas. Con el gobierno de Duhalde en 2002 y luego con el kirchnerismo, las contribuciones se volvieron a subir progresivamente para refinanciar a la Anses.
Según los cálculos de la Aefip, la reducción de estos aportes supone una pérdida en la recaudación de 4,65 billones de pesos, sobre un total recaudado estimado en 33,6 billones de pesos para 2026. Expresado este valor en términos del producto equivale a 0,462 puntos del PBI. Es decir que solo esta medida representa en términos fiscales un costo mayor que la Emergencia Pediátrica y Universitaria que el presidente vetó.
Por otro lado, la reforma laboral propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones principalmente. Recordemos que el cálculo de las indemnizaciones también se modifica, al excluir componentes del salario como el aguinaldo, las vacaciones, horas extra, premios y comisiones.
El FAL se financiará con 3 puntos de la masa salarial de las empresas, que a su vez se beneficiarán con una reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales, de modo que se financia con recursos previsionales. El impacto es neutro para el empleador pero no para la Seguridad Social argentina.
El FAL es un sistema de capitalización individual que recuerda a las AFJP que administraban las jubilaciones durante el menemismo. En lugar de que la empresa tenga que desembolsar una suma millonaria el día que despide a alguien, va depositando dinero todos los meses en una cuenta a nombre del trabajador mientras dura la relación laboral.
De acuerdo con la Aefip, la reducción en la recaudación fiscal por la baja adicional en las contribuciones patronales para financiar el FAL es en magnitud similar a la anterior: 0,462 por ciento del PBI, es decir 4,65 billones de pesos.
Otro ítem que atenta contra las indemnizaciones es la extensión del período de prueba de 3 a 6 meses, como regla general pero que puede llegar a 12 meses en el caso de pymes. Es también un punto de contacto con reformas laborales anteriores, en este caso la de Fernando De la Rúa, que lo amplió a 6 meses, pero luego fue derogada en 2004.
Reforma laboral ¿o tributaria?
La reforma laboral de Milei incluye una serie de reducciones impositivas que nada tienen que ver con el mundo del trabajo, que serían más bien parte de una reforma tributaria que el Gobierno no se presta a discutir. Así, incorpora la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades en 3 puntos porcentuales: las grandes pasarían de pagar 35 a 31,5 por ciento y las chicas del 30 a 27 por ciento.
Dentro de este impuesto, desde el gobierno de Macri, se incorporó el Impuesto Cedular, que grava las distintas rentas de personas humanas de orden financiero, con una tasa de hasta el 15 por ciento según el caso. Esta alícuota sería llevada a 0 por ciento de aprobarse la reforma de Milei, dejando eximidas del pago a las rentas derivadas de las ventas de inmuebles, por ejemplo, una medida sumamente regresiva. La alícuota se mantendría para el caso de las criptomonedas.
Tanto la baja en las alícuotas de Ganancias para sociedades como la reducción del impuesto Cedular implicarían una pérdida fiscal de 2,77 billones de pesos, según los cálculos la Aefip, sobre una recaudación estimada en 25,4 billones para 2026. El costo fiscal alcanza 0,275 puntos del PBI.
También se propone derogar los impuestos internos de manera parcial, es decir en rubros específicos (seguros, telefonía, suntuarios, vehículos, embarcaciones, aeronaves). En este caso, la pérdida en la recaudación alcanza a casi a la mitad del total reunido por este concepto: en suma unos 0,42 billones de pesos, que equivalen a 0,042 por ciento del PBI.
Es curioso, pero también en la reforma laboral de Milei se eliminan los impuestos a videogramas y entradas de cine, que en suma representan 0,037 por ciento del PBI menos en recaudación. Y por último, en los cálculos de la Aefip está el impacto de la reducción de 1 punto en el aporte a las Obras Sociales por parte de los empleadores, que supone una pérdida de 1,63 billones de pesos, es decir 0,162 por ciento del PBI.
Estas son algunas de las medidas –que involucran un costo fiscal de 1,278 por ciento del PBI- incorporadas en el ambicioso proyecto de ley.
Monotributismo al palo
Otras apuntan a modificar aspectos sustanciales de la relación laboral con costos mucho más difíciles de estimar: como la eliminación de las multas por no registro (el fin de la “industria del juicio”) y la legalización del “trabajador independiente con colaboradores” que permite que un monotributista pueda tener a su cargo hasta 3 “colaboradores independientes” facturándole.
La extensión de la jornada a través del banco de horas, el despido con causa por bloqueos y permitir negociaciones por empresa (donde el sindicato tiene menos fuerza) y no por rama de actividad son otras medidas controversiales que apuntan al seno de la actividad gremial.
