El martes obtuvo dictamen la norma que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en medio de un tenso debate.
El proyecto por la baja en la edad de imputabilidad que impulsa el oficialismo sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados: con el rechazo de Unión por la Patria, la Comisión de Legislación Penal de Diputados dictaminó a favor de la norma.
El mismo tuvo lugar en la Comisión de Legislación Penal, donde se trató la posible modificación del Régimen Penal Juvenil, que contó con el rechazo de Unión por la Patria y diferentes organismos de derechos humanos (DDHH).
Con el apoyo de los ya conocidos bloques dialoguistas -el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal- el gobierno de Javier Milei vuelve a avanzar casilleros en el ámbito legislativo, con un proyecto que busca que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser condenados como un adulto en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.
Por su parte, Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos rechazaron de plano la propuesta, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.
Aunque la iniciativa original del Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, hubo acuerdo político para fijarla en 14, con el argumento de que los jóvenes que cometen delitos graves deben enfrentar consecuencias penales. Sin embargo, el proyecto contempla límites como la prohibición de aplicar prisión perpetua y un máximo de condena de 20 años para menores.
Diversos especialistas en infancia y derechos humanos advierten que la baja de la edad de imputabilidad refuerza un enfoque punitivita que no resuelve el problema de fondo. Señalan que el Estado, en lugar de fortalecer políticas públicas de contención, inclusión social y acceso a la educación, opta por criminalizar a chicos que en su mayoría provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad.
Alertan además que el sistema penal no está preparado para la rehabilitación de adolescentes y que la medida podría profundizar la exclusión y la violencia, sin reducir efectivamente el delito ni mejorar la seguridad ciudadana
