Así lo hizo el fondo buitre Burford en una carta a la jueza Loretta Preska. Considera que el país «no demuestra voluntad de pago» en la causa por la expropiación de YPF.
A través de una carta a la jueza de Nueva York Loretta Preska, el fondo buitre Burford, beneficiario del fallo por la expropiación de la petrolera estatal YPF, r eclamó autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país «no demuestra voluntad de pago».
«Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable, después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre», solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado de Loretta Preska.
El gobierno argentino avisó que apelará la sentencia de la magistrada norteamericana, lo que le permitiría ganar tiempo. Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución; o sea, tras un período de tiempo «razonable», desde la emisión del fallo.
La Argentina, vale recordar, ya sufrió pedidos de embargos en un pasado no tan lejano. Uno de los casos más recordados es el de la Fragata Libertad, que estuvo 77 días detenida en el puerto africano de Tema (Ghana) durante 2012. En aquel momento, los fondos de inversión ganaron otro juicio contra el país por los derechos de los acreedores de bonos que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).
En 2012, la Fragata Libertad estuvo más de dos meses detenida en un puerto africano por un pedido de embargo.
El fallo por la expropiación de YPF
A mediados de este mes, Preska confirmó que la Argentina deberá pagar casi U$S16.100 millones por la expropiación de YPF. Según la decisión de la Justicia americana, el Estado nacional abonará U$S14.385 millones al fondo Burford Capital (U$S7533 millones de daños y U$S6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y U$S1714 millones a Eton Capital (U$S897,7 millones de daños y U$S816,6 millones de intereses).
El 8 de septiembre pasado, apenas se conoció la novedad en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno anunció que iba a apelar «inmediatamente» el fallo emitido por Preska en una causa por la expropiación de YPF.
La defensa del Estado argentino, a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte del distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».
En ese sentido, Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte del distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».
Una vez hecha la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se tomará entre nueve y 12 meses para decidir si acepta el juicio. Es la anteúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema.
