Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la economía argentina atraviesa un fuerte proceso de reconfiguración que ya muestra impactos concretos en el entramado productivo. Según un informe elaborado por Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el país cerraron 24.180 empresas en poco más de dos años de gestión.
El relevamiento señala que al inicio del actual gobierno se registraban 512.357 unidades productivas, mientras que en la actualidad el número descendió a 488.177. La caída refleja una contracción significativa del tejido empresarial, en un contexto marcado por reformas económicas profundas, ajuste fiscal y retracción del consumo interno.
De acuerdo con el estudio, este período representa la mayor destrucción neta de empresas en los primeros 26 meses de un gobierno desde que existen registros comparables. El dato enciende señales de alerta sobre la sostenibilidad del sector productivo, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las más vulnerables frente a escenarios de alta inflación, caída de la demanda y aumento de costos.
El impacto en la gente
Más allá de los números, el cierre de empresas se traduce en un conflicto cada vez más visible en la vida cotidiana de la población. La pérdida de fuentes de trabajo, la reducción de ingresos y la incertidumbre laboral afectan de manera directa a miles de familias.
En distintos puntos del país comienzan a multiplicarse los reclamos de trabajadores despedidos, comerciantes que no logran sostener sus negocios y sectores informales que ven caer su actividad. A esto se suma el deterioro del poder adquisitivo, que limita el consumo y genera un círculo difícil de revertir.
Organizaciones sociales advierten sobre un aumento en la demanda de asistencia, mientras que muchos hogares enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquileres y servicios. Este escenario profundiza tensiones sociales y abre interrogantes sobre el impacto a mediano plazo del actual modelo económico.
Especialistas coinciden en que, si bien algunas medidas buscan ordenar la macroeconomía, el desafío inmediato pasa por contener el deterioro social y evitar que la crisis productiva se transforme en un problema estructural aún mayor.
Fuente: Informe de Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Medio: Las Dos Campanas
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