Desde la sanción de la Ley 27.610 en Argentina, la IVE se incorporó al sistema de salud como un derecho garantizado para todas las personas con capacidad de gestar. Este avance representa mucho más que un cambio legal: es una herramienta concreta para salvar vidas, reducir prácticas inseguras y reforzar la autonomía en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo está permitida en Argentina hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin necesidad de invocar ninguna causal. Más allá de ese plazo, la ley también garantiza el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando el embarazo es producto de una violación o cuando se encuentra en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.
El acceso a una IVE está contemplado como parte de las prestaciones básicas de salud y debe garantizarse en un plazo máximo de 10 días desde la solicitud, en hospitales públicos, obras sociales y prepagas por igual. Esto significa que no es un beneficio exclusivo del sector público, sino un derecho incorporado al sistema sanitario argentino en todos sus niveles.
¿Cómo es el acceso y qué debe garantizar el sistema de salud?
Quienes soliciten una IVE tienen derecho a recibir una atención basada en el respeto, la confidencialidad y la no discriminación. El proceso debe incluir:
● Consejería médica que brinde información científica y actualizada sobre el procedimiento, sus alternativas y cuidados posteriores.
● Acompañamiento profesional y emocional antes, durante y después del proceso.
● La posibilidad de acceder a la interrupción con métodos seguros, ya sea por vía medicamentosa (uso combinado de misoprostol y mifepristona) o por aspiración manual endouterina, según evaluación médica.
● El personal de salud debe actuar sin demoras ni juicios de valor. Si algún profesional objeta su participación, las instituciones tienen la obligación de garantizar que otro equipo atienda el caso, sin dilaciones.
● Seguridad médica y respaldo legal
A menudo, alrededor de la IVE circulan mitos que la presentan como un procedimiento riesgoso. Sin embargo, la evidencia médica es clara: cuando se realiza en condiciones adecuadas, la interrupción voluntaria del embarazo es segura y eficaz.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el acceso a abortos seguros forma parte del derecho a la salud. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, desde la implementación de la Ley 27.610 disminuyeron las complicaciones graves por abortos inseguros y se redujo el número de muertes maternas asociadas a estas prácticas, que históricamente ocuparon los primeros lugares entre las causas evitables de mortalidad.
Además, diversos estudios internacionales demuestran que el acceso a la IVE en condiciones legales y sanitarias adecuadas no aumenta los índices de aborto, sino que mejora la calidad de la atención y fortalece la prevención de embarazos no deseados, al abrir también la puerta al diálogo sobre anticoncepción, educación sexual y salud integral.
Desafíos actuales: desinformación, estigma y barreras de acceso
A pesar del marco legal vigente, muchas personas aún enfrentan obstáculos para acceder a este derecho. La desinformación, el estigma social, la objeción de conciencia institucional no regulada y los entornos de atención poco empáticos siguen siendo barreras reales en algunas zonas del país.
Por eso, la difusión de información confiable y accesible es fundamental para garantizar que el derecho a la IVE sea pleno y efectivo. Conocer los canales de acceso, saber cómo solicitar el procedimiento y estar acompañada por un equipo profesional capacitado es clave para vivir el proceso de forma segura y cuidada.
La prevención en salud también incluye hablar de los derechos reproductivos, del acceso a anticonceptivos, de los controles ginecológicos, de la educación sexual integral y de una atención médica que cuide sin juzgar.
Porque elegir con información es parte del derecho a cuidarse.
