La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, ordenó la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y cuestionó duramente los fundamentos de la norma.
«Soy del Conurbano, conozco la realidad de nuestros barrios y con esta ley no vamos a crear más seguridad», sostuvo la magistrada al defender una decisión que abrió un fuerte debate jurídico, político y social. Según argumentó, la implementación del nuevo régimen carece de las condiciones estructurales necesarias para garantizar su aplicación efectiva y respetar los derechos de los adolescentes involucrados.
La medida cautelar, que paraliza la puesta en marcha del sistema durante 60 días, fue dictada desde el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora tras admitir una acción judicial presentada en favor de menores potencialmente alcanzados por la norma.
Desde una perspectiva jurídica, el fallo plantea interrogantes sobre la constitucionalidad, la operatividad y la capacidad real del Estado para aplicar un régimen más severo sin contar previamente con recursos, infraestructura y equipos especializados suficientes. La resolución también reaviva la discusión sobre si el endurecimiento de las penas constituye una herramienta eficaz para combatir la inseguridad o si se trata de una respuesta meramente simbólica frente a una problemática compleja.
La decisión de Pascual representa uno de los primeros obstáculos judiciales para la implementación de la reforma y podría derivar en futuras presentaciones ante instancias superiores, convirtiéndose en un caso testigo sobre los límites constitucionales de las políticas penales dirigidas a menores de edad.
Por ahora, la Justicia puso un freno. El debate sobre seguridad, derechos y responsabilidad penal juvenil sigue más abierto que nunca.
