En marzo pasado Brasil, firmó un contrato con Pfizer por 100 millones de vacunas a US$10 cada una, el contrato establece que la vacuna al momento de la firma no pasó la fase 3, que Pfizer no sabe cuándo va a entregar, que no puede ser penalizada si no cumple con plazos anunciados, que no se hará responsable por cualquier efecto adverso en los pacientes por las vacunas, que cualquier diferencia jurídica deberá resolverse en los tribunales de Nueva York y que para eso el Estado debe renunciar a la inmunidad soberana de todos sus organismos, incluso del Banco Central, en caso de que tenga una sentencia condenatoria.
En el día de ayer la CPI escuchó al representante de Pfizer para América Latina, el boliviano Carlos Murillo, que fue presidente de Pfizer en Brasil desde el 2017 hasta noviembre pasado. Al ser consultado por el senador Humberto Costa del PT sobre las cláusulas del contrato y si las mismas exigencias realizadas a un país en subdesarrollado como Brasil habían sido realizadas a los demás países que firmaron con Pfizer, el representante del laboratorio manifestó “no estoy de acuerdo con hablar de clausulas leoninas. En esta pandemia Pfizer corrió riesgos sin precedentes, en una situación sin precedentes, que requirió que todo el mundo colaborase con este proceso, por eso es que Pfizer le exigió a todos los países las mismas condiciones que le exigió a Brasil”.
El cronograma de entrega de Pfizer después de firmado el contrato de marzo pasado, según informó el representante de Pfizer, es de 13,5 millones de dosis en el segundo trimestre de 2021, hasta el momento entregó 2.257.000, y 86,5 millones en el tercer trimestre de 2021. Según el representante de Pfizer, esta semana se firmaría un segundo contrato por otras 100 millones de dosis que se entregarían en el cuarto trimestre de este año.
