Sentados uno al lado del otro en la pequeña sala de audiencias, con media decena de funcionarios judiciales y un policía como testigos, el joven y la mujer se tomaron de las manos. Él bajó la cabeza, como si estuviese avergonzado. Ella había contado lo que había pasado, qué le había hecho él. Y de pronto se dio vuelta, le sostuvo la mirada tranquila y le dijo: “Yo no te tengo ningún rencor y te perdono”. El muchacho, como encogido por la vergüenza, y quizás sin comprender el significado cabal de lo que estaba ocurriendo y las consecuencias que tendría para él, también le pidió perdón. Se abrazaron, lloraron y se volvieron a disculpar mutuamente. Luego, el adolescente afirmó: “Estoy arrepentido de todo. Fue la primera y última vez… Voy a cambiar…”
La escena fue determinante. Guillermo Narváez, fiscal de la Cámara Penal Juvenil de San Fernando del Valle de Catamarca, consideró que estaba completamente probado que SFM del V, estudiante secundario y, los fines de semana, voluntario en un comedor, había sustraído $1000 pesos de la caja de la despensa que Gabriela Alejandra Espeche tiene en su casa, e incluso le había causado algunas lesiones en un forcejeo. Pero al representante del Ministerio Público estaba sorprendido por aquel abrazo, aquellas lágrimas y el perdón. Así que postuló que el acusado, que hoy tiene 18 años, debía ser declarado responsable del robo, aunque propició que se le aplicara una medida socioeducativa en sustitución de la pena privativa de la libertad, que para el caso era de un mes a seis años de prisión. El defensor del joven, Sergio Daniel Véliz, estuvo de acuerdo.
Finalmente, el juez Rodrigo Morabito, vocal de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Primera Nominación en la capital catamarqueña, puso en palabras la trascendencia de lo que había ocurrido entre la víctima y el victimario. Aquel perdón sincero debía valer mucho más que una alternativa punitiva. Por eso, resolvió que en el caso correspondía no aplicar una pena de cárcel, sino una medida alternativa y restaurativa: le impuso a S pagarle a Gabriela una reparación de $2000 -el doble de lo que le había robado- y dispuso, además, cerrar el caso sin registrarle al joven el antecedente.
