Los bancos Santander y BBVA fueron sancionados por su responsabilidad en la protección de las usuarias y usuarios frente a estafas o fraudes bancarios, y el Banco Supervielle por cláusulas abusivas.
BBVA y Santander fueron multados con la sanción máxima de $ 5 millones, respectivamente
La Secretaría de Comercio Interior sancionó por $ 10 millones a los bancos Santander y BBVA por su responsabilidad en la protección de las usuarias y usuarios frente a estafas o fraudes bancarios, y con $ 5 millones el Banco Supervielle por cláusulas abusivas.
Así informó a Télam la dependencia que conduce Paula Español, al tiempo que precisó que las multas fueron aplicadas a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores,
Al respecto, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo determinó que Santander y BBVA “incumplieron su obligación de garantizar la seguridad en cuanto a la protección de datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes”.
“Frente a situaciones de vulneración de datos personales y estafas dentro del sistema financiero, los bancos fueron sancionados por no asumir la responsabilidad que les merece frente a sus usuarios y usuarias”, indicó el organismo.
BBVA y Santander fueron multados con la sanción máxima de $ 5 millones, respectivamente, establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.
En tanto que la sanción al Supervielle fue por “incumplimiento a la obligación de informar, ya que la entidad bancaria no brindó mecanismos a las y los consumidores para comunicarse, consultar o reclamar respecto de los productos y servicios que tienen contratados”.
La multa también se aplica “por no prestar el servicio en las condiciones y modalidades en las que fue convenido al debitarse de las cuentas sueldo y de la seguridad social de sus clientes sumas de dinero en concepto de seguros y servicios de cobertura o asistencia médica no solicitados, así como también por cobrar sumas de dinero en concepto de mantenimiento de cuenta”.
Además, el banco fue sancionado “por debitar cargos no convenidos a las y los consumidores obigándolos a pronunciarse por la negativa para evitar su cobro”.
