¿Quién controla a las agencias de capacitación y quién se queda con la plata de los trabajadores?
La renovación de las licencias interjurisdiccionales se convirtió en un terreno de preocupación para cientos de trabajadores del transporte. Detrás de los cursos de capacitación teórica y práctica aparece una pregunta que merece una respuesta urgente: ¿quién controla los valores que cobran las agencias habilitadas y bajo qué criterios se fijan esos precios?
Los números generan indignación:
- Capital Federal: $90.000.
- Monte Grande: $110.000.
- Ciudadela: $85.000.
¿Cómo se explica que una misma capacitación tenga precios diferentes según el lugar donde se realiza? ¿Existe una regulación tarifaria? ¿Hay un organismo provincial que fiscalice estos valores? ¿O cada agencia cobra lo que quiere sin que nadie dé explicaciones?
La capacitación puede ser necesaria y la seguridad vial debe ser una prioridad. Pero eso no habilita a convertir una obligación laboral en una oportunidad de recaudación sin controles claros.
La Provincia de Buenos Aires no puede mirar para otro lado. Si el sistema forma parte de un requisito obligatorio para que los trabajadores puedan ejercer su actividad, corresponde preguntar por qué no existe un cuadro tarifario público, uniforme y transparente para todas las agencias autorizadas.
Los trabajadores ya soportan el costo de mantener sus habilitaciones, sostener sus hogares y enfrentar una economía cada vez más difícil. No pueden quedar a merced de tarifas arbitrarias ni de un sistema donde nadie explica quién fija los precios y quién controla el destino del dinero.
Hay preguntas que las autoridades deben responder:
- ¿Quién autoriza y fiscaliza a las agencias de capacitación?
- ¿Quién establece los valores de los cursos?
- ¿Qué controles existen sobre lo que cobran?
- ¿Por qué no hay un precio de referencia igualitario?
- ¿Quién garantiza que el dinero abonado corresponda a un servicio debidamente regulado?
La capacitación no puede ser una caja recaudadora a costa del bolsillo del trabajador.
Desde Las Dos Campanas planteamos una discusión necesaria: si el Estado exige una capacitación obligatoria, también debe garantizar transparencia, igualdad de condiciones y precios regulados.
Porque cuando no hay controles, aparecen las sospechas. Y cuando se trata del bolsillo de los trabajadores, el silencio de los organismos responsables resulta inaceptable.
¡BASTA DE PRECIOS SIN EXPLICACIONES! EL TRABAJADOR NECESITA CAPACITACIÓN, NO OTRO GASTO QUE NADIE CONTROLA.
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas





















