Los trabajadores del transporte deben pagar para poder trabajar. Un listado oficial de prestadores privados abre interrogantes sobre las habilitaciones, los controles y el destino del dinero. ¿Quién fiscaliza este sistema y quién se hace responsable?
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
La obtención de una licencia profesional para conducir camiones y vehículos de transporte en la provincia de Buenos Aires se convirtió en una preocupación creciente para miles de trabajadores. No alcanza con tener experiencia al volante, responsabilidad y años de trabajo: ahora también hay que afrontar los costos de exámenes médicos, capacitaciones teóricas y evaluaciones para poder continuar trabajando.
Pero hay una pregunta que las autoridades todavía deben responder: ¿por qué el trabajador tiene que pagarle a prestadores privados para cumplir con requisitos indispensables para ejercer su profesión?
Un documento identificado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, bajo el título Listado de Prestadores – Capacitaciones Teóricas, categorías C, D y E, exhibe una red de instituciones y organizaciones que ofrecen estos servicios en distintas localidades bonaerenses.
Entre los nombres que aparecen figuran FPT, ISITRANS, FATAC, la Cooperativa de Propietarios de Camiones y otras entidades vinculadas a la formación del transporte.
La publicación de este listado abre un interrogante político y administrativo: ¿quién autorizó a cada institución, quién controla sus actividades y qué mecanismos existen para garantizar que los precios no se conviertan en una carga abusiva para los trabajadores?
EL ESTADO HABILITA, PERO ¿QUIÉN CONTROLA?
El Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, tiene una responsabilidad institucional que no puede esquivar: brindar información transparente sobre las autorizaciones, los controles y las condiciones bajo las cuales funcionan estos prestadores.
No alcanza con publicar una lista de establecimientos y teléfonos de contacto. Los trabajadores tienen derecho a conocer quiénes están detrás de cada institución, cuáles son sus responsables legales, qué resoluciones los habilitan y qué fiscalizaciones reciben.
Si el Estado establece que una capacitación es obligatoria para obtener o renovar una licencia profesional, también debe garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y condiciones económicas razonables.
¿DÓNDE TERMINAN LOS MILLONES?
FPT, vinculada a FADEEAC, ISITRANS, FATAC y otras organizaciones aparecen dentro del esquema de capacitación.
Esto no demuestra irregularidades ni permite afirmar que exista una sociedad comercial entre ellas. Pero sí justifica investigar cómo funciona el sistema y cuánto dinero mueve.
¿Hay convenios con organizaciones sindicales o empresariales? ¿Cuánto factura cada prestador? ¿Qué controles realiza la Provincia? ¿Existen auditorías sobre los servicios y los valores cobrados?
Son preguntas legítimas que merecen respuestas documentadas, no explicaciones políticas.
LOS TRABAJADORES NO PUEDEN SER REHENES DE UN SISTEMA PRIVADO
Un trabajador que necesita renovar su licencia no está comprando un servicio de lujo: está cumpliendo una exigencia para conservar su fuente laboral.
Cuando los costos se multiplican, el problema deja de ser administrativo y se transforma en un problema social. Para un camionero independiente o un trabajador que vive de su salario, cada examen, cada curso y cada trámite representan dinero que sale de su bolsillo.
El Estado no puede mirar para otro lado mientras el acceso al trabajo depende de la capacidad económica de cada persona.
EXIGIMOS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Desde Las Dos Campanas consideramos necesario exigir al Ministerio de Transporte:
- La publicación de todas las resoluciones de habilitación de los prestadores.
- La identificación de sus responsables legales.
- Los convenios firmados con entidades sindicales, empresariales y fundaciones.
- Los valores cobrados por capacitaciones y evaluaciones.
- Las auditorías y fiscalizaciones realizadas.
- La cantidad de trabajadores atendidos y los mecanismos de control de calidad.
- Una evaluación para implementar alternativas públicas, accesibles y transparentes.
La pregunta final es incómoda, pero necesaria: si el Estado exige capacitación para trabajar, ¿por qué no garantiza también que esa capacitación sea accesible para todos?
Los camioneros no pueden seguir siendo los que pagan todas las cuentas. El Ministerio debe dar explicaciones. La transparencia no es un favor político: es una obligación pública.
Las licencias son una herramienta de trabajo, no una oportunidad para convertir la necesidad del trabajador en un negocio sin suficiente control público.
