Detrás de cada licencia interjurisdiccional hay trabajadores obligados a desembolsar sumas cada vez más elevadas. Mientras tanto, aparecen prestadores privados vinculados al universo sindical de Camioneros. ¿Quién recauda, quién controla y quién responde por el destino de semejante cantidad de dinero?
Obtener una licencia profesional en la provincia de Buenos Aires se está convirtiendo en una carga económica cada vez más difícil de afrontar para quienes viven de conducir. Los trabajadores del transporte deben pagar por exámenes médicos y trámites indispensables para poder ejercer su actividad, pero hay una pregunta que las autoridades todavía deben responder con absoluta claridad: ¿dónde termina cada peso que sale del bolsillo del trabajador?
La polémica apunta al sistema de prestaciones médicas privadas y a una estructura vinculada al entorno sindical de Camioneros. La existencia de estos prestadores y su participación en el circuito de las licencias exige explicaciones públicas sobre los contratos, los convenios, los valores cobrados y los mecanismos de control.
No alcanza con exigirle al trabajador que pague. También hay que explicar quién fija los precios, quién autoriza los prestadores, qué controles realiza el Estado y qué destino tienen los millones que genera este sistema.
Si se trata de un servicio indispensable para trabajar, ¿por qué su costo representa una carga tan pesada para quienes necesitan manejar un camión, un colectivo o un vehículo de transporte?
La transparencia no puede ser opcional. La Provincia debe informar cuánto dinero se recauda diariamente, cuánto percibe cada prestador, qué acuerdos comerciales existen y qué organismos fiscalizan las operaciones.
También corresponde aclarar si existe una relación económica entre las entidades prestadoras y las organizaciones sindicales mencionadas, y bajo qué condiciones se desarrollan esos vínculos.
Los trabajadores no pueden quedar atrapados en un sistema donde pagar es obligatorio, pero conocer el destino de su dinero parece ser una tarea imposible.
La pregunta queda planteada para las autoridades provinciales: ¿estamos frente a un sistema de control médico o ante una estructura de recaudación cuyo funcionamiento necesita explicaciones urgentes?
Porque las licencias las necesitan los trabajadores para ganarse la vida. No deberían convertirse en una caja cuyo funcionamiento permanezca fuera del alcance de la información pública.
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
