EL ORO, LAS RESERVAS Y LOS RECURSOS NATURALES: ¿QUIÉN DEFIENDE EL PATRIMONIO DE LOS ARGENTINOS?
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
En la Argentina hay una pregunta que cada día merece más respuestas: ¿por qué la Justicia demuestra capacidad para perseguir, investigar y condenar a determinados dirigentes políticos, mientras crece la preocupación por decisiones del poder que comprometen las reservas, los recursos naturales y el patrimonio estratégico del país?
Durante años, el kirchnerismo enfrentó denuncias por presuntos hechos de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Cristina Fernández de Kirchner fue investigada y condenada en causas judiciales, aunque cada expediente debe analizarse según sus pruebas y su situación procesal. La corrupción debe investigarse sin privilegios, gobierne quien gobierne.
Pero esa misma vara debe aplicarse al presente. Porque la pregunta ya no es solamente qué hicieron los gobiernos anteriores, sino también qué está haciendo el gobierno de Javier Milei con los recursos que pertenecen a todos los argentinos y qué controles existen sobre sus decisiones.
EL ORO ARGENTINO NO ES PROPIEDAD DE UN GOBIERNO
Las reservas internacionales, el oro del Banco Central y los activos estratégicos del Estado no son bienes personales de un presidente ni patrimonio de una fuerza política. Son recursos cuya administración debe estar sometida a controles, explicaciones públicas y responsabilidades institucionales.
Cualquier operación con oro argentino merece información transparente: cuánto se moviliza, con qué finalidad, bajo qué condiciones, qué riesgos implica y quién responde por las decisiones adoptadas.
Si existen cuestionamientos sobre el destino de esas reservas, la respuesta no puede ser el silencio. Corresponde que los organismos de control, el Congreso y la Justicia examinen los hechos y determinen si hubo irregularidades.
La pregunta es legítima: ¿quién controla al poder cuando las decisiones afectan bienes estratégicos de la Nación?
TIERRAS, GLACIARES, AGUA, MINERÍA Y URANIO: ¿QUÉ PAÍS QUEDARÁ?
La preocupación va mucho más allá del oro. La política de apertura económica, las reformas sobre la explotación de recursos naturales y los cambios en las reglas de inversión obligan a discutir qué modelo de país se está construyendo.
Las tierras, el agua potable, los glaciares, los yacimientos mineros y el uranio forman parte de una discusión estratégica que no puede reducirse a una planilla de ingresos y egresos.
No se trata de negar la inversión ni de desconocer la importancia de producir. Se trata de establecer límites, garantías y controles para que el desarrollo económico no termine debilitando la soberanía nacional, la protección ambiental ni los derechos de las generaciones futuras.
¿Quién garantiza que los beneficios de la explotación de nuestros recursos lleguen a la sociedad? ¿Qué controles impiden los abusos? ¿Qué obtiene la Argentina y qué compromete a cambio?
Estas preguntas requieren respuestas documentadas, no consignas ni promesas de campaña.
TRES JUECES, UNA DECISIÓN Y UNA RESPONSABILIDAD QUE DEBE ACLARARSE
Cuando una decisión judicial habilita medidas que afectan intereses públicos, la sociedad tiene derecho a conocer sus fundamentos, las normas aplicadas y las consecuencias jurídicas.
Si se cuestiona la actuación de tres magistrados, corresponde identificar el expediente, analizar sus resoluciones y establecer si actuaron conforme a derecho. La responsabilidad de un juez no se presume por su decisión política o jurídica: se determina mediante pruebas y los mecanismos institucionales correspondientes.
Pero tampoco puede exigirse transparencia solamente a los gobiernos que no nos gustan. La independencia judicial debe significar algo más que la ausencia de presiones: debe garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Si hay indicios concretos de irregularidades, que se investiguen. Si hay responsabilidades, que se determinen. Y si no las hay, que se expliquen públicamente los fundamentos de las decisiones.
EL PUEBLO PAGA LAS CONSECUENCIAS
Mientras se discuten reservas, inversiones, reformas y recursos estratégicos, millones de argentinos necesitan respuestas sobre cuestiones mucho más inmediatas: el salario que no alcanza, los jubilados que deben elegir qué comprar, las familias que recortan alimentos y los trabajadores que ven cómo se deteriora su capacidad de sostener el hogar.
El debate sobre el patrimonio nacional no es una abstracción económica. Está relacionado con el futuro del empleo, la producción, la energía, el acceso al agua y la capacidad del Estado para proteger los intereses colectivos.
Por eso, la transparencia no puede ser selectiva. Investigar los delitos de gobiernos anteriores no habilita a ignorar los actos del gobierno actual. Y cuestionar al oficialismo tampoco justifica minimizar hechos de corrupción comprobados en otras administraciones.
La ley debe ser igual para todos. Sin excepciones, sin persecuciones selectivas y sin impunidad.
LA PREGUNTA FINAL: ¿QUIÉN DEFIENDE A LA ARGENTINA?
La Argentina no necesita una Justicia que actúe según el color político del acusado. Necesita instituciones capaces de investigar con la misma rigurosidad a expresidentes, funcionarios actuales, empresarios y magistrados cuando existan elementos concretos que lo justifiquen.
Si se investiga a Cristina Fernández de Kirchner, que se respeten las garantías y se cumplan las decisiones judiciales firmes. Si existen cuestionamientos sobre las decisiones del gobierno de Milei respecto del oro, las reservas o los recursos naturales, que también se investiguen con pruebas, transparencia y controles efectivos.
Porque el patrimonio nacional no pertenece a La Libertad Avanza, al kirchnerismo ni a ningún dirigente de turno. Pertenece a la Nación y compromete el futuro de todo el pueblo argentino.
La pregunta que queda abierta es contundente: ¿la Justicia está dispuesta a investigar con la misma vara a todos los sectores del poder, o la transparencia seguirá siendo una exigencia para algunos y una deuda cuando se trata de otros?
La respuesta no debe estar en los discursos. Debe encontrarse en los expedientes, en los controles, en la información pública y en los hechos.
LAS DOS CAMPANAS | Periodismo, opinión y compromiso con la realidad argentina.
