Incidentes, balas de goma y una pelea pública entre Mayra Mendoza y Juan Grabois cruzaron la aprobación de una ordenanza para ordenar tránsito, parquímetros y fotomultas. Detrás, dos cajas en disputa: la informal de los cuidacoches y la formal del negocio concesionado.
Quilmes no discutía solo una ordenanza. Discutía quién administra el espacio público cuando ese espacio se volvió negocio. El lunes, la aprobación del Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial detonó un choque violento en la puerta del palacio municipal: trapitos contra Policía, piedras contra gases, tensión política contra calendario de fin de año. Y, como si faltara combustible, la interna peronista encontró en el estacionamiento medido una escena perfecta para escalar.
Según la versión oficial, un grupo ingresó “por la fuerza” al playón municipal y arrojó proyectiles contra el personal de seguridad. La respuesta llegó con balas de goma y gases lacrimógenos.
En paralelo, el conflicto se subió al ring de redes: “Entraron a los piedrazos”, denunció Mayra Mendoza. Juan Grabois contestó con munición política: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión”, escribió, y remató con una frase que dejó la piel del conflicto al aire: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social se cruza una línea roja”.
“No voy a caer en tu psicopateada Juan Grabois, me faltás el respeto, no sé quién te creés que sos, fomentás la violencia y a mi me eligieron los vecinos para ordenar este Muncipio, no voy a permitir que lastimen a los vecinos», aseguró.
La ordenanza del orden y el problema de quién cobra
El municipio sostiene que el objetivo es ordenar el tránsito y el estacionamiento ante “reiteradas denuncias” vecinales por el accionar de cuidacoches. La ordenanza aprobada habilita una licitación pública para gestionar el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y promete incorporar a cuidacoches preexistentes a un esquema formal, “en blanco y con obra social”. Dicho de otro modo: pasar del peaje callejero a una estructura regulada, con reglas y recaudación trazable.
Del otro lado, organizaciones de la economía popular plantean que el “orden” no puede convertirse en expulsión. Lo dicen con una palabra que en política es más potente que cualquier cuadro tarifario: inclusión. Una referente de UTEP lo sintetizó: si el vecino va a pagar una tarifa, que haya un fin social, salud pública y empleo.
También denuncian un método: enterarse “por los medios”, sin mesa previa, sin comisión, sin diálogo.
Y ahí aparece el punto de quiebre: la formalización no se discute solo como derecho, sino como control de la operatoria.
El municipio, en su comunicado, apuntó directo al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): acusa que busca “imponer una cooperativa” para quedarse con el trabajo sin licitación. Ese es el núcleo político del episodio.
No se trata solamente de si hay estacionamiento medido o no. Se trata de quién administra la recaudación y con qué intermediación.
La caja informal y la caja formal
En la calle, el sistema informal no es romántico ni precario en el sentido clásico: es altamente rentable. Según estimaciones basadas en relevamientos, cada cuidacoches cobra entre $1.000 y $2.000 por auto.
Con una rotación de 20 autos por hora, la recaudación estimada oscila entre $20.000 y $40.000 por hora. En seis horas, entre $120.000 y $240.000 diarios. A eso se suma el lavado informal, alrededor de $6.000 por vehículo. En el cálculo grueso, un trapito puede superar los $4 millones mensuales. La cifra no pretende ser un censo, pero sí una señal: hay incentivo económico real para resistir cualquier reordenamiento que cambie quién decide, quién cobra y quién reparte. Si eso se múltiplica por la cantidad de “trapitos” muestra como las organizaciones mantienen una caja tremenda y “viva” cada día.
Ahora, la otra caja es la formal y no por eso angelical. En la trama aparece un nombre propio: Secutrans, empresa mencionada como posible concesionaria de parquímetros y fotomultas, vinculada al empresario Leandro Camani.
La firma opera en varios municipios bonaerenses sin distinción ideológica, lo que habla menos de doctrina y más de pragmatismo: donde hay tránsito, hay negocio. Según los datos incorporados en la nota base, Secutrans tuvo ingresos por 386 mil millones de pesos en 2023 y procesó 2,159 millones de actas. También se afirma que más del 50% de las actas presentan errores o defectos. En esa zona gris, la modernización tecnológica puede convivir con el fastidio ciudadano y con una sensación conocida: pagar para circular y, además, discutir para reclamar.
En el medio de las dos cajas, la política se pelea por el relato. Grabois denunció “privatización amañada” y exigió la liberación de una periodista detenida durante los incidentes. Mendoza respondió con un audio que, más que gestión, suena a frontera interna: “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, le dijo. “No sé quién te crees que sos”. Y fue más allá: lo acusó de “fomentar la violencia” cuando, según su lectura, se ofrecía orden y trabajo formal.
La escena deja una conclusión incómoda y por eso relevante: no hay peras en dulce. El sistema informal del estacionamiento se parece demasiado a un impuesto sin ordenanza, y el sistema concesionado puede convertirse en una máquina de recaudación de alta escala si la transparencia queda solo en el pliego. Entre la calle y el software, el vecino sigue siendo el que paga.
Y entre La Cámpora, la UTEP y los jugadores territoriales, Quilmes mostró algo más estructural: cuando el Estado decide regular una economía cotidiana, no elimina el conflicto, lo pone en primer plano.
En política, el “orden” es una palabra aspiracional. En territorio, es una caja con dueño en disputa. Quilmes lo aprendió a piedrazos y gases, justo cuando todos prometen paz social para las fiestas. Y por supuesto: nadie pelea por ideales.
