El paquete financiero de USD 40.000 millones anunciado entre Milei y Trump sigue sin completarse. El tramo bancario privado exige garantías más duras y el Tesoro norteamericano discute su exposición. En el FMI crece la inquietud: temen que el rescate bilateral priorice a Wall Street y altere el orden de pagos del Fondo.
El swap cambiario de USD 20.000 millones del Tesoro norteamericano fue, para el Gobierno, el símbolo del triunfo electoral y la confirmación de que Washington apostaba a la estabilidad de Javier Milei. Pero el segundo tramo otro crédito por la misma cifra, liderado por J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citi se transformó en una pulseada.
Los bancos quieren garantías reales. No les alcanza la firma política ni el entusiasmo de los mercados: piden colaterales tangibles, flujos de exportaciones, activos líquidos o, directamente, respaldo del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) del Tesoro estadounidense.
El problema es que eso tensiona la relación con el FMI, que observa cómo su mayor accionista (Estados Unidos) podría subordinar al multilateralismo a sus propios bancos.
El “ayudín” se convirtió así en una mesa de tres patas: los bancos que no sueltan, el FMI que reclama prioridad y un Gobierno que necesita mostrar resultados antes de que la paciencia del mercado se agote.
Garantías, colaterales y un pasado que pesa
En las reuniones de las últimas semanas, los ejecutivos financieros recordaron una estadística que atormenta a todo banquero: nueve defaults soberanos en un siglo. Nadie presta a la Argentina sin una red. De ahí la exigencia de garantías “duras”, incluso con la intervención directa del Tesoro norteamericano.
El secretario Scott Bessent participa personalmente, pero el diseño del esquema inquieta al Congreso de EE.UU.: el ESF tiene USD 220.000 millones en activos y, tras el antecedente del rescate mexicano de 1995, cualquier exposición adicional genera resistencia política. Los demócratas más duros, como Elizabeth Warren, ya cuestionan “el uso de fondos públicos para blindar préstamos privados a un país volátil”.
La idea original de Milei y Trump —una línea de apoyo para reforzar reservas y recomprar deuda argentina— hoy está cruzada por advertencias técnicas y temores reputacionales. El riesgo país, pese a haber caído 38 % hasta 650 puntos, sigue alto por las reservas netas negativas y los vencimientos de enero 2026. Sin el tramo bancario, el esquema queda a medio camino: sirve para intervenir en el mercado cambiario, no para recomprar títulos ni relajar el frente externo.
El Fondo marca el límite
En el FMI la preocupación es concreta. Si las reservas reforzadas con el swap se usan para pagarle a bancos estadounidenses antes que al organismo, se rompe la paridad entre acreedores oficiales. Lo que en Buenos Aires se celebra como “inversión directa del Tesoro norteamericano” en realidad altera el orden de poder financiero mundial. Para Milei, el dilema es de calendario: el Gobierno necesita dólares ya, no dentro de tres meses. Para los bancos, la urgencia argentina no es argumento. Quieren cubrirse ante una eventual devaluación del 20 %–40 % en 2026 y frente a la volatilidad del peso, aún “subvaluado” según el propio Bessent.
Realidad geopolítica
El “rescate argentino” funciona, en rigor, como un espejo del realismo financiero estadounidense. La Casa Blanca apoya a Milei porque lo percibe como aliado estratégico, pero cada actor —Tesoro, bancos, Congreso, FMI— juega su propia partida.
El swap del Tesoro fue política exterior; el crédito bancario es negocios puros. Si sale, los bancos ganan reputación y fees. Si fracasa, el costo lo paga Buenos Aires.
Mientras tanto, el Gobierno traduce el silencio en victoria: el dólar sigue controlado, el riesgo país baja y la narrativa de “Argentina vuelve al mundo” se sostiene. Detrás del telón, las negociaciones son más ásperas que cualquier discurso público. El “ayudín” no es caridad; es poder con factura. Y como enseña la política —y los mercados—, todo crédito tiene su precio, incluso el ideológico.
