El Senado aprobó por amplia mayoría el aumento a las jubilaciones y desató una tormenta política. El Gobierno habló de golpe institucional, atacó a Villarruel y promete vetar. La ruptura con los gobernadores se cristaliza en cada sesión.
Una sesión ordinaria, programada y anunciada con anticipación, se transformó este jueves en el epicentro de la crisis política más feroz del gobierno de Javier Milei. Con 52 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de aumento de haberes previsionales, asestando un golpe seco, ruidoso y letal a la estrategia de ajuste fiscal que la Casa Rosada elevó a dogma.
El resultado fue demoledor. No solo por la contundencia numérica, sino por el simbolismo de los actores que confluyeron para dejar al oficialismo fuera de juego: peronistas, radicales, federales e incluso varios senadores aliados que, hasta ahora, eran funcionales a las estrategias del Ejecutivo. La escena fue tan elocuente como violenta. Al momento de la votación, se registró una insólita caída del sistema de votación electrónica, obligando a retomar la votación a viva voz, en medio de sospechas de boicot y denuncias de sabotaje interno. También se aprobó la Moratoria Previsional.
Con Victoria Villarruel presidiendo la sesión. Fue ella quien, a pesar de los intentos del oficialismo de deslegitimar la jornada, habilitó la votación. Del otro lado, los legisladores libertarios se mantuvieron de pie junto a sus bancas, en señal de protesta, pero sin emitir voto alguno. La imagen fue desoladora: un gobierno aislado, sin números, sin respaldo institucional y sin plan B.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, agitó el espantajo del «golpe institucional». «Es una especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para dinamitar el eje central del Gobierno, que es el equilibrio fiscal. Es todo ilegítimo y lo vamos a vetar», disparó en declaraciones públicas. Lo acompañó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que atacó con furia a Villarruel por no haber impedido la sesión: «No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Levántese, vicepresidenta». La respuesta fue demoledora. Desde su cuenta de X, Villarruel contraatacó: «Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron el destino del país, no se haga la picante y lea la Constitución».
Con Milei retuiteando los ataques de Bullrich y respaldando a Francos, la ruptura entre el Presidente y su vicepresidenta ya no es un rumor de pasillo: es una guerra declarada. La narrativa de «todos contra todos» que Milei promueve desde el atril de sus discursos parece ahora devorarse a sí misma. La Casa Rosada, convertida en búnker, reacciona con deslegitimación y amenazas de veto, pero no logra contener la pérdida de poder real ni el avance de una oposición que, sin liderazgos claros, encuentra en el espanto el combustible para frenar el ajuste.
En el trasfondo, el verdadero telón de fondo lo ponen los gobernadores. Ellos fueron los que garantizaron el quórum y los votos para los proyectos que golpean el programa económico libertario. Los mismos mandatarios que Milei agravia semana tras semana, ahora respondieron con la herramienta más eficaz que ofrece la democracia: los votos en el Congreso.
La escalada institucional se agrava. La sesión del Senado fue tildada de «autoconvocada» por el oficialismo, pero en los hechos respondió al calendario aprobado a principio de año. El dictamen en comisión de Presupuesto fue firmado por senadores de distintos bloques, incluyendo radicales como Lousteau y Tagliaferri, que hasta hace poco se mostraban dialoguistas. La ausencia deliberada de los libertarios en la votación no hizo más que subrayar su debilidad.
La Casa Rosada perdió la sesión, el relato y el control del Congreso. Intentó dinamitar el mecanismo institucional y ahora, ante el resultado adverso, pretende deslegitimar lo que ya no puede revertir. El veto presidencial anunciado por Milei no solo chocará con la opinión pública, que acompaña en su mayoría la mejora de haberes para los jubilados, sino que además podría ser revertido si la oposición mantiene su unidad.
El oficialismo, acorralado, pierde por el flanco que siempre despreció: el Congreso. La tensión con Villarruel marca un punto de no retorno. Ya no hay negociación posible. La vicepresidenta se planta en defensa de la institucionalidad mientras Milei y sus ministros la acusan de traición. Todo esto, en un país que no soporta más crisis autoinfligidas y donde los jubilados, a quienes Milei llama «pasivos», esperan desde hace décadas un gesto que esta vez, por fin, el Senado les otorgó.
La sesión del 10 de julio quedó marcada como un hito de fractura institucional. No por su legalidad, que fue incuestionable, sino por la ferocidad con la que el Ejecutivo decidió enfrentarse contra el Congreso, contra su vicepresidenta, contra sus aliados y contra la democracia misma. El ajuste no pasó. El veto está anunciado. La batalla, lejos de haber terminado, acaba de comenzar.
Milei, fundamentalismo sin red: Milei
La sesión del Senado que terminó aprobando el aumento a los jubilados dejó al desnudo una verdad incómoda para el oficialismo: el fundamentalismo ideológico no reemplaza al poder real. En su cruzada por dinamitar “la casta”, Javier Milei ha decidido gobernar sin alianzas, sin bloque, sin mayorías y sin contención institucional. El resultado: un esquema de gobierno que parece disfrutar del aislamiento hasta que la realidad lo aplasta.
El intento de sabotaje tecnológico durante la votación fue la postal exacta del desborde: mientras los sistemas caían, la institucionalidad se sostenía a los gritos, con una mayoría parlamentaria que votaba a viva voz y el oficialismo parado, mudo, acorralado por su propia intransigencia. Milei no solo pierde votaciones: se pelea con su vice, su ministra estrella ataca desde redes sociales, y su jefe de gabinete denuncia un “golpe institucional” sin siquiera tener el respaldo de la mitad del recinto.
En la práctica, el gobierno abandonó el tablero político y se quedó sin capacidad de negociación. Pero el Congreso sigue funcionando, los gobernadores actúan en bloque y la oposición encontró una bandera sólida: los jubilados. Esa desconexión entre el dogma libertario y el realismo de la política democrática puede derivar en algo más grave que una derrota parlamentaria: un colapso institucional.
La pregunta ya no es si Milei podrá avanzar con su agenda, sino cuánto resistirán las instituciones si el Presidente insiste en gobernar contra todos, sin puentes y sin frenos. Por Lucila Romo
