El escándalo que rodea a Manuel Adorni dejó de ser un simple ruido político para convertirse en una preocupación seria dentro del Gobierno nacional. En los pasillos de la Casa Rosada ya no se debate si la crisis existe o no: la discusión ahora gira en torno al costo político que puede tener sostener al funcionario en medio de una investigación que avanza cada día un poco más.
La situación tomó un nuevo giro luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara analizar las comunicaciones de Marcelo Grandio, productor televisivo y hombre de estrecha confianza del actual jefe de Gabinete. La medida busca reconstruir posibles vínculos y movimientos relacionados con contratos estatales adjudicados desde áreas bajo influencia política de Adorni.
Fuentes judiciales aseguran que la investigación ya no se concentra únicamente en inconsistencias patrimoniales o gastos difíciles de justificar. El foco comenzó a desplazarse hacia un entramado de relaciones personales, favores cruzados y posibles beneficios obtenidos a través del manejo del aparato estatal.
La decisión de revisar teléfonos, mensajes y contactos representa un paso sensible dentro de la causa. En tribunales consideran que podría abrir una nueva etapa de la investigación, especialmente si aparecen elementos que conecten a funcionarios, empresarios y operadores cercanos al oficialismo.
Mientras tanto, dentro del Gobierno crece la incomodidad. Algunos sectores consideran que el desgaste de Adorni empieza a afectar la imagen de transparencia que la administración intenta sostener públicamente. Otros creen que la situación todavía puede contenerse, aunque admiten que el avance judicial complicó el escenario político.
El caso ya dejó de ser un problema individual. La preocupación ahora alcanza al núcleo de poder que rodea al Ejecutivo, en un contexto económico y social donde cualquier señal de privilegios o corrupción genera un fuerte impacto en la opinión pública.
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