LICENCIAS INTERJURISDICCIONALES: ¿NEGOCIO PRIVADO CON LA PLATA DE LOS TRABAJADORES? ¿DÓNDE TERMINAN LOS MILLONES QUE RECAUDA EL SISTEMA?
La renovación de una licencia profesional se convirtió en una carga económica para miles de trabajadores del transporte escolar, camioneros y conductores del AMBA. Exámenes médicos en clínicas privadas y capacitaciones pagas en agencias particulares abren una pregunta incómoda: ¿por qué se obliga a pagar por servicios que el Estado podría garantizar?
Por Víctor Hugo Denis | Las Dos Campanas
Miles de trabajadores del transporte se hacen una pregunta que nadie parece querer responder: ¿por qué para renovar una licencia interjurisdiccional tienen que poner dinero de su bolsillo en clínicas privadas para realizarse los exámenes médicos y pagar capacitaciones teóricas en agencias particulares?
¿Dónde está el beneficio para el trabajador? ¿Quién decidió que un trámite indispensable para poder trabajar debía convertirse en un circuito de pagos privados?
La polémica no termina ahí. La provincia de Buenos Aires cuenta con hospitales públicos, profesionales de la salud e infraestructura sanitaria que podrían formar parte de un sistema de evaluaciones médicas accesible y transparente. También existen municipios que disponen de espacios físicos, personal y estructuras para desarrollar capacitaciones viales.
Entonces, ¿por qué no se aprovechan esos recursos públicos? ¿Por qué el trabajador tiene que pagarle a un privado cuando existen alternativas estatales que podrían cumplir esa función?
Y acá aparece la pregunta política que incomoda: ¿qué hicieron los intendentes y los concejales de cada distrito para cuestionar este sistema? ¿Quién defendió el bolsillo de los trabajadores? ¿Quién pidió explicaciones sobre los convenios, los prestadores habilitados y el destino de la recaudación?
No alcanza con exigirle al trabajador que pague. La sociedad tiene derecho a conocer cuánto dinero recauda este mecanismo, quiénes son sus beneficiarios, qué empresas o clínicas participan, bajo qué convenios funcionan y cómo se controla cada peso.
¿Cuántos participan de este circuito y cómo se distribuye el dinero?
Porque mientras el trabajador pelea por conservar su fuente laboral, hay un sistema que le impone nuevos costos para poder seguir trabajando.
La discusión ya no es solamente administrativa: es política, económica y social.
Y la contradicción es evidente. Se habla de eficiencia, de modernización y de terminar con los privilegios, pero cuando llega el momento de proteger al trabajador, aparecen los costos privados y desaparecen las respuestas del Estado.
¿De qué casta estamos hablando? ¿Solamente de la derecha nacional o también de quienes gobiernan la provincia y los municipios mientras los bonaerenses soportan cada vez más cargas?
Los trabajadores no son una caja recaudadora. No pueden seguir siendo rehenes de un sistema que nadie explica.
Desde Las Dos Campanas exigimos transparencia, publicación de los convenios, identificación de los prestadores, detalle de los aranceles y rendición pública de los fondos recaudados.
Porque renovar una licencia para ganarse el pan no debería convertirse en otro negocio a costa del trabajador.
La pregunta sigue en pie: ¿quién controla el negocio y dónde termina la plata?
