En una resolución de alto impacto político y judicial dictada ayer viernes, la Sala II de la Cámara Federal porteña dejó firme el procesamiento del cabo primero de Gendarmería, Héctor Jesús Guerrero, acusado de herir de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo durante la manifestación frente al Congreso el pasado 12 de marzo.
El fallo, que lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, ratifica que el agente actuó de manera antirreglamentaria al disparar cartuchos de gas lacrimógeno en posición horizontal hacia la multitud, violando todos los protocolos de seguridad nacionales e internacionales.
La justicia no solo validó la investigación de la jueza María Servini, sino que profundizó en la mecánica del ataque que casi le cuesta la vida al fotógrafo:
Abuso de armas y lesiones: Se confirmó que Guerrero efectuó seis disparos con su pistola lanza gases de forma directa a los manifestantes. El proyectil que impactó en la cabeza de Grillo le provocó una fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales.
Dolo eventual: Para los camaristas, un instructor de tiro experimentado como Guerrero se representó el daño que podía causar al disparar a la altura de la cabeza y, aun así, decidió hacerlo.
La mira en la cadena de mando: El dato más trascendente es la petición del juez Roberto Boico, quien exigió que la investigación no se agote en el autor material. El tribunal busca ahora determinar si existieron órdenes jerárquicas o una zona de liberación operativa que permitiera estas prácticas violentas en el marco del protocolo de seguridad vigente.
En la misma resolución, la Cámara también confirmó el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez. Martínez está acusado de haberle disparado en el ojo al manifestante Jonathan Navarro, otro de los heridos graves.
Para las querellas, encabezadas por el CELS y familiares de las víctimas, estos fallos representan un avance fundamental para frenar la naturalización de la violencia institucional y el uso desproporcionado de la fuerza contra la prensa y los ciudadanos.
A meses del ataque, el fotógrafo continúa un largo proceso de rehabilitación. Su familia, a través de una carta pública reciente, reclamó que la justicia alcance no solo a quien apretó el gatillo, sino a quienes ordenaron y habilitar la represión que lo dejó con secuelas permanentes.
