El presunto bombardeo de Estados Unidos sobre territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro de confirmarse plenamente marcarían un punto de inflexión en el orden internacional contemporáneo. No por la novedad del hecho en sí, sino porque vuelve a poner en escena una lógica que creíamos, al menos discursivamente, superada: la del uso unilateral de la fuerza como herramienta legítima para resolver disputas políticas internas de otros Estados.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el principio de soberanía y no intervención constituye uno de los pilares del sistema surgido tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas es clara: ningún Estado puede recurrir a la fuerza contra otro salvo en casos de legítima defensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad. En este caso, ninguna de esas condiciones parece cumplirse. La consecuencia es grave: se debilita la arquitectura normativa global y se refuerza la idea de que el poder militar está por encima del derecho.
Pero más allá del plano jurídico, el hecho debe leerse en clave geopolítica. Venezuela no es un Estado aislado: es un territorio estratégico, con enormes reservas energéticas y con vínculos políticos y económicos con actores que disputan la hegemonía estadounidense, como China, Rusia e Irán. La intervención, entonces, no solo apunta a un liderazgo político específico, sino que se inscribe en una lógica más amplia de reconfiguración del poder global.
La historia reciente ofrece antecedentes elocuentes. Irak en 2003 y Libia en 2011 fueron presentados como intervenciones necesarias, incluso “humanitarias”. El resultado fue el colapso estatal, la violencia prolongada y la inestabilidad regional. El cambio de régimen impuesto desde afuera rara vez trae democracia; más bien suele abrir escenarios caóticos que pagan los pueblos, no los líderes.
En América Latina, este episodio reactiva una memoria larga. La región conoce bien las consecuencias del intervencionismo externo: golpes de Estado, dictaduras, fragmentación social y dependencia estructural. Que en pleno siglo XXI vuelva a discutirse la captura de un jefe de Estado latinoamericano por fuerzas extranjeras debería encender todas las alarmas, más allá de las simpatías o rechazos que genere el gobierno venezolano.
El problema de fondo no es Maduro como individuo, sino el precedente que se intenta instalar. Si una potencia puede bombardear, capturar y juzgar a un presidente extranjero sin aval multilateral, el mensaje al mundo es claro: la ley internacional es optativa y el orden global se rige por la correlación de fuerzas. En ese escenario, ningún país periférico está realmente a salvo.
La política internacional no necesita más demostraciones de poder militar, sino más política. Más diplomacia, más multilateralismo y más soluciones negociadas. Cuando las bombas reemplazan a la palabra, el mundo no se vuelve más seguro: se vuelve más injusto, más inestable y más peligroso.
Porque cuando la fuerza se naturaliza como método, lo que está en juego no es solo el destino de Venezuela, sino el futuro del sistema internacional que, con todas sus imperfecciones, aún intenta sostener la idea de que los conflictos se resuelven con reglas y no con misiles.
Por Noelia Claure
Analista en Relaciones Internacionales
