El Consejo de Mayo adelantó al 9 de diciembre la presentación de la reforma laboral que Milei quiere tratar en extraordinarias. CGT y UIA se sientan en la misma mesa pero sin acuerdo cerrado, mientras la informalidad llega al 43,2%. PYMES y trabajadores, afuera de lo que se discute.
Ayer miércoles en Casa Rosada no fue una foto más para redes. En el Salón de los Escudos volvió a reunirse el Consejo de Mayo, el laboratorio donde el Gobierno intenta darle forma a su paquete de reformas, con la laboral en el centro de la escena. Fue el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en ese ámbito, después de la salida de Guillermo Francos, y el clima fue de cuenta regresiva: se decidió adelantar al 9 de diciembre la presentación del documento final para que la reforma pueda entrar de lleno en el temario de sesiones extraordinarias.
En dos horas de reunión se cruzaron intereses pesados. Por el Ejecutivo, Adorni y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Por el bloque político, Alfredo Cornejo en representación de los gobernadores aliados, Carolina Losada por el Senado y Cristian Ritondo por Diputados. Por el sector empresario, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. Del lado sindical, Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA y único representante formal del movimiento obrero en la mesa. Cada uno llegó con su libreto, pero todos sabían que el tiempo se achica.
El esquema es claro: el 9 de diciembre el Consejo debería firmar un documento final, Milei quiere capitalizar la presentación y, al día siguiente, la Casa Rosada enviaría al Congreso el paquete de reformas para que se empiece a discutir en un sprint de fin de año. En los pasillos se habla incluso de una última reunión previa, la semana anterior, para limar los puntos más conflictivos y evitar que todo se caiga por una filtración mal manejada.
Una mesa donde nadie quiere ser el que pierde
En la superficie, el encuentro tuvo gestos de institucionalidad pulcra. Adorni coordinó la palabra, Sturzenegger desplegó esquemas sobre cómo desarmar regulaciones, Cornejo insistió con la necesidad de que la reforma sea digerible para las provincias, Losada y Ritondo tomaron nota pensando en el desgaste que les espera en sus cámaras. Rappallini habló de “modernizar sin asfixiar empresas”. Martínez, de “modernización sin perder derechos”.
Lo picante pasó por debajo del protocolo. Al entrar, Martínez avisó a los periodistas que iba a exigir “modernización laboral, sin perder derechos”. Al salir, en lugar de ir directo al micrófono, fue al despacho de Santiago Caputo, el asesor más escuchado por Milei. Esa visita fue leída como un mensaje: el sindicalista está dispuesto a negociar, pero no a firmar cualquier cosa, y si tiene que discutir letra por letra prefiere hacerlo con quien arma la estrategia real, no solo con quienes leen el discurso.
Rappallini, por su parte, se movió como traductor del mundo empresario. La UIA sabe que el statu quo laboral no le sirve, pero también sabe que un proyecto percibido como motosierra sobre derechos puede generar un nivel de conflicto que termine siendo peor para la actividad. Por eso insiste en alivio de cargas, reducción de litigiosidad y esquemas más flexibles de convenio, pero pide que el Gobierno entienda que sin crecimiento y crédito no hay milagro posible.
De fondo, sobrevoló un problema que ya intoxicó reuniones anteriores: las filtraciones. Varios integrantes del Consejo se quejaron, en voz baja, de que circulan versiones de la reforma con puntos que “no estaban acordados” o que fueron cambiados sin avisar. Ese ruido erosiona la confianza en un órgano que, en teoría, fue creado para buscar consensos sobre reformas estructurales. Si el otro lado cree que le mueven la línea de meta cada semana, es difícil que se siente a firmar de buena gana.
Una reforma de laboratorio
El capítulo laboral del Consejo de Mayo tiene nombre de manual, pero impacto directo en la vida de millones. El menú incluye temas como ultraactividad de los convenios, relación entre convenios de distinto nivel, carga fiscal sobre el trabajo, financiamiento y peajes sindicales y empresariales, derechos colectivos, regulaciones del trabajo individual, régimen para autónomos, democracia sindical y un paquete de derogaciones varias. Todo eso, dividido en varias leyes que el Ejecutivo quiere mandar por goteo estratégico.
La cuestión es que toda esa ingeniería se está discutiendo en un mercado de trabajo que hace rato se partió en dos. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el segundo trimestre de 2025, la informalidad laboral llegó al 43,2 por ciento de las personas ocupadas. En términos absolutos, hablamos de unos 8,8 millones de trabajadores en negro. Es la cifra más alta desde 2008. No es una periferia marginal, es casi la mitad del país laboral sin recibo, sin aportes, sin obra social, sin derechos que se puedan defender en un paritario.
Si se descuenta el empleo público, donde el trabajo no registrado es muy bajo, el panorama en el sector privado es todavía más crudo: la informalidad se aproxima al 48 por ciento. Cuatro de cada diez personas que laburan para una empresa o emprendimiento privado no figuran en ningún papel.
Y ahí aparece un dato que ayuda a entender la raíz del problema: según los datos oficiales, alrededor del 72 por ciento de la informalidad asalariada se concentra en empresas que tienen entre 1 y 5 empleados. Microemprendimientos, almacenes, talleres, peluquerías, changas de construcción. El mundo PyME chiquito, el que sostiene gran parte del empleo cotidiano, pero que vive al borde de los números.
Para ese universo, registrar a alguien no es una consigna ideológica, es una cuenta. Diversos estudios estiman que, en promedio, formalizar un trabajador implica un costo total cercano al 100 por ciento extra sobre el salario de bolsillo. Es decir, lo que la persona se lleva a casa se duplica cuando se suman aportes, contribuciones, ART, obra social, vacaciones, aguinaldo, cargas fiscales asociadas y el costo de “blanquear” ingresos que hoy no pagan impuestos. Si a eso se le suman los riesgos de juicios laborales costosos y tiempos judiciales imprevisibles, el combo empuja a muchos pequeños empleadores a quedarse en la sombra.
Nadie lo dice en voz alta en la mesa grande del Consejo de Mayo, pero en los pasillos se escucha seguido una frase similar: la informalidad fiscal y la laboral viajan tomadas de la mano. Quien paga salarios en negro, suele facturar menos de lo que vende o directamente no facturar todo. Y mientras esa ecuación no cambie, el país puede modificar cien veces la ley, pero seguirá teniendo millones de personas viviendo de trabajo informal.
Por eso, cada vez que se habla de reforma, hay economistas que insisten en una mirada más integral: si no se toca a la vez el costo de contratación, el esquema impositivo y los incentivos para el sector PyME, el resultado puede terminar siendo un marco precioso para la minoría de trabajadores registrados y una condena a que el resto siga jugando por afuera.
¿Congreso o conflicto?
La jugada del Gobierno es clara: llegar al 9 de diciembre con un texto que pueda venderse como “modernizador”, llevarlo a extraordinarias, mostrar a Milei presentándolo en modo líder reformista y abrir la cancha para que el Congreso se haga cargo de la discusión. En esa hoja de ruta, el Consejo de Mayo funciona como una mezcla de mesa política y coartada: si sale algo de ahí, el oficialismo podrá decir que hubo diálogo.
Del otro lado, la CGT vive su propio laberinto. La conducción nueva necesita mostrarse firme, pero también sabe que un no rotundo sin propuesta alternativa puede dejarla como una máquina de decir que no. Por eso Martínez habla de “modernización sin perder derechos”, una fórmula que trata de mantenerse en el centro: no rechazar todo por reflejo, pero marcar límites.
Al mismo tiempo, las bases sindicales miran con recelo cualquier acercamiento visible. Un paso en falso y la dirigencia puede ser acusada de entreguista. Un conflicto mal calibrado y la sociedad, golpeada y con 8,8 millones de personas en negro, puede no salir a la calle con la misma convicción que en otros tiempos. El clima social no es el de 2017 ni el de 2001. Es otro, más cansado, más fragmentado, más individualizado.
En el Congreso, la película promete ser larga. Diputados será el campo de batalla principal. Un economista que asesora a una de las partes lo resumió así, sin pedir demasiadas reservas: “Milei quiere mostrar al mundo que puede cambiar las reglas del trabajo, la CGT quiere demostrar que todavía puede defender algo, y el 43 por ciento que está en negro lo único que espera es que de una vez se pongan de acuerdo en algo que le cambie un centímetro la vida real”. Esa frase, más que un análisis, suena a reclamo.
